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Nueva York – El congresista neoyorquino, Ritchie Torres, estima que mientras los demócratas no tengan el control de la Cámara y el Senado federal, es poco probable que el tema del estatus de Puerto Rico avance en Washington D.C. hacia una solución.
“Es poco probable que el Congreso actual resuelva la cuestión del estatus; el debate continuará”, afirmó Torres, quien representa el Distrito 15 de El Bronx en la Cámara de Representantes.
En una entrevista exclusiva con El Diario, el legislador argumentó que, incluso entre los demócratas, existen desacuerdos en cuanto a las opciones de estatus y la forma de abordar el problema territorial.
“Hay desacuerdo, no solo entre los republicanos, sino también dentro del Partido Demócrata. Mi visión sobre el estatus es diferente a la de otros demócratas. Yo estoy a favor de la estadidad, hay demócratas que prefieren el Estado Libre Asociado (ELA), y hay otros que prefieren la independencia, así que no todos estamos de acuerdo”, confirmó.
Ante la pregunta de si el tema del estatus está muerto en el Congreso, Torres respondió: “Existe la Ley de Estatus de Puerto Rico (Puerto Rico Status Act), que es un compromiso. Podría ser la mejor esperanza para resolver la cuestión del estatus, pero dudo que se resuelva en este Congreso. Este Congreso está controlado por republicanos y es muy disfuncional. Siento que la mejor esperanza para resolver el tema del estatus es un Congreso y un Senado demócrata y un presidente demócrata”.
La Ley de Estatus de Puerto Rico fue presentada por primera vez en la Cámara por la también representante de Nueva York, Nydia Velázquez, y la entonces comisionada residente y actual gobernadora, Jenniffer González, en julio del 2022.
Ambas mantuvieron extensas reuniones privadas para llegar al proyecto que describieron como histórico y de consenso.
La pieza legislativa disponía la realización de un plebiscito con el aval del Congreso entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia y libre asociación.
A raíz del acuerdo legislativo, quedaron atrás el H.R. 2070 o “Acta de Autodeterminación de Puerto Rico” que Velázquez presentó junto a Alexandria Ocasio Cortez (AOC) para una Asamblea Constitucional de Estatus; así como el H.R.1522 o “Acta de Admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión” que presentaron González y el representante demócrata de Florida, Darren Soto.
El H.R.8393 fue aprobado en la Cámara el 15 de diciembre de 2022.
Las versiones posteriores tanto en la Cámara como en el Senado, H.R. 2757 y el S. 3231, respectivamente, ni siquiera fueron evaluadas en un comité, un trámite requerido antes de que se sometieran a votación en los plenos.
Torres fue copatrocinador en los proyectos de la Cámara.
El ELA no figura como opción en las distintas versiones del proyecto de ley, ya que sus creadores entienden que es una alternativa territorial.
Bajo el sistema de gobierno actual, Puerto Rico es un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenos del Congreso de Estados Unidos.
El Estado Libre Asociado, establecido en 1952, otorga cierto grado de autonomía a Puerto Rico a través de una Constitución y un Gobierno y Asamblea Legislativa locales. Sin embargo, bajo el control de EE.UU. quedan varias áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas, por ejemplo.
En una entrevista previa con El Diario, Velázquez dijo que le corresponde a González, quien es republicana, convencer a los miembros de la mayoría y al presidente Donald Trump de que es necesario resolver el estatus de Puerto Rico y encaminar un proceso en esa dirección.
González es la presidenta del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) que favorece la estadidad.
El comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández, se ha mantenido al margen de la discusión y ha dicho que el dilema territorial no es prioridad en su agenda.
Como presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Hernández lidera lo que ha llamado la refundación de la colectividad. En esa dirección, busca calmar las divisiones referentes al tema del estatus entre miembros del PPD y evitar cuestionamientos sobre una definición actualizada del ELA.
En la convención del Comité Nacional Demócrata (DNC) en Chicago, Illinois, antes de las elecciones generales pasadas, los miembros de la colectividad aprobaron a viva voz una plataforma que incluía un compromiso con el “Puerto Rico Status Act”.
“Los demócratas reconocen que la gente de Puerto Rico se ha ganado y merecen resolver la pregunta del estatus político. Por esta razón, los demócratas apoyan la promulgación de la Ley de Estatus de Puerto Rico (Puerto Rico Status Act, H.R. 2757 / S.3231) y promueven la completa representación política y cívica de los puertorriqueños”, lee la sección sobre Puerto Rico en la plataforma.
Miembros del PPD, así como grupos de la diáspora que simpatizan con la independencia cuestionaron el nuevo lenguaje por entender que no es inclusivo.
La coalición de organizaciones “Power 4 Puerto Rico” rechazó la plataforma porque eliminaba las referencias a la autodeterminación, y, según ellos, fue “mal concebido”.
Previamente, sus afiliados se habían opuesto a la medida al considerar que estaba hecha para favorecer la estadidad.
La enmienda que se tradujo en la inclusión de la legislación federal en el programa de gobierno provino del actual presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico (DPPR), Luis Dávila Pernas, quien milita en el PNP.
En el caso del Partido Republicano, sus miembros excluyeron de la plataforma la mención de la estadidad para Puerto Rico. Es sabido que Trump no favorece esa opción de estatus para la isla por la idea de que, si el territorio se convierte en estado, sería uno demócrata, y esto implicaría más escaños para ese partido.
Más recientemente, en la reunión invernal del DNC, los miembros de la entidad dieron paso a una resolución de Dávila Pernas para que el Congreso inicie un proceso para admitir a Puerto Rico como el estado 51 y a Washington D.C. como el 52.
El documento fue presentado con base en los resultados del plebiscito más reciente en la isla celebrado el 5 de noviembre pasado como parte de las elecciones generales.
En esa consulta no vinculante que utilizó el modelo del Puerto Rico Status Act, un 58.61% de los votantes favoreció la estadidad; el 29.57%, la libre asociación, y el 11.82% la independencia.
La propuesta de Dávila Pernas fue aprobada en el Comité de Resoluciones y, posteriormente, ratificada en el pleno. No está claro en este momento el estado de la resolución.
Nuevamente, miembros del PPD, así como puertorriqueños en la diáspora que no comulgan con la estadidad, cuestionaron las intenciones detrás de la acción. En ese momento, otro de los argumentos fue que, en vista de las miles de papeletas en blanco, los resultados no representan una mayoría a favor de la estadidad.
Por otra parte, grupos independentistas en la isla buscan desde marzo pasado que Trump actúe sobre el llamado “Plan B”, una propuesta para que éste le otorgue la soberanía al territorio por orden ejecutiva o decreto.
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