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EE. UU. otorgó un contrato de $30 millones de dólares a la empresa tecnológica Palantir para idear un software que permite rastrear el movimiento de inmigrantes
Cámaras térmicas para detectar cuerpos en vehículos o embarcaciones, aplicaciones que siguen al instante la ubicación de una persona, registros biométricos, cámaras de vigilancia… los servicios migratorios a nivel global poseen una red tecnológica de vigilancia opaca que recopila millones de datos de individuos que no son necesariamente inmigrantes.
Estados Unidos asignó recientemente un contrato a dedo de $30 millones de dólares a la empresa tecnológica Palantir (cofundada por el millonario Peter Thiel) para diseñar un software que permita al Gobierno seguir casi en tiempo real el movimiento de inmigrantes con el fin de controlar la ‘autodeportación’.
Este contrato le servirá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para “recolectar más y más información” y construir una base de datos aún más extensa “para saber dónde está la gente y dirigir la máquina de deportación”, explica a EFE la directora de Investigación del Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown, Stevie Glaberson.
El ICE ya dispone de una cantidad inmensurable de datos de inmigrantes y no inmigrantes. Una investigación de 2022 de este centro descubrió que este organismo había accedido a los datos del carné de conducir de tres de cada cuatro personas que residen en Estados Unidos y que podía ubicar a tres de cada cuatro adultos a través de sus facturas del hogar.
“No son solo inmigrantes, son adultos estadounidenses”, recalca la experta, quien insiste en que “nadie está fuera de esta red; casi nadie puede escapar”.
El ICE ha construido, según Glaberson, un auténtico “operativo policial” por parte de una agencia que no tiene limitación judicial como el FBI por lo que puede espiar más rápidamente y con menos obstáculos.
El Gobierno estadounidense “usa esta agencia como si fuera su propio ejército”, por lo que “Trump está usando estos poderes no para cumplir las leyes migratorias, sino para amenazar y silenciar a cualquier persona que cuestione su agenda”, denuncia la experta.
“La pregunta es: ¿queremos vivir en una sociedad donde un presidente pueda emplear una agencia sin supervisión y no militarizada para que nos vigile a todos?”, cuestiona Glaberson.
Pero el uso de tecnologías para el control migratorio no es un monopolio estadounidense. “Hay una lista de países -Austria, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Noruega, Reino Unido…- que están requisando por defecto los móviles a cualquier solicitante de asilo que llega para acceder a todo su historial, incluyendo mensajes borrados, historial del GPS, fotos, contactos y también acceso a la nube. Y esto se está haciendo por defecto; no en casos puntuales”, denuncia a EFE la experta en tecnología y derechos humanos de Amnistía Internacional (AI), Beatriz Martos.
Los gobiernos europeos utilizan tecnología para, según aseguran, ayudar a monitorizar la migración y salvaguardar vidas, pero las fronteras son “donde hay mayor despliegue de tecnología de inteligencia artificial” y también “donde hay mayores violaciones de derechos humanos”, dice Martos.
La IA “es primero probada en las fronteras, para luego implementarla al interior de los países”.
La UE, en aras de la seguridad nacional, usa principalmente tecnologías para detectar embarcaciones en el Mediterráneo o el Atlántico; desde cámaras térmicas a drones con IA.
Esta tecnología podría utilizarse para reducir muertes en el mar -en el Mediterráneo hay más de 31,000 personas fallecidas o desaparecidas en la última década- pero la realidad es que no siempre se le da ese uso.
“Se está haciendo para rescatar, pero también para deportar”, afirman desde AI.
España, por ejemplo, tiene el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), que se creó para luchar contra el narcotráfico, pero ahora se extiende por las islas Canarias para monitorear el mar en busca de ‘cayucos’.
“Nosotros vemos que en realidad lo que sirve es para detectar cierta embarcación, y avisar a Marruecos para que antes de que llegue a nuestras aguas, impidan que pase y se la lleven”, explica a EFE el periodista experto en migraciones y racismo, Youssef Ouled.
Para desarrollarlo y mantenerlo, el Gobierno español ha realizado inversiones millonarias a empresas como Indra o Telefónica, y en 2022 pagó casi $22 millones de dólares a Escribano Mechanical Engineering para su manutención y actualización, como detalla un informe de Euromed Rights y AlgoRace.
Esta investigación concluye “que en realidad muchas de estas tecnologías no están tan pensadas para asegurar los derechos, ni siquiera la vida de las personas que se arriesgan y que intentan acceder al territorio nacional, sino que están más pensadas para evitar que lo hagan”, dice Ouled, director de Algorace.
Y la cuestión además “es que no hay ningún tipo de transparencia de cara a la sociedad de qué sistemas se utilizan o qué impacto tienen en la sociedad”, añade al hablar de “una total falta de información y una opacidad brutal en todo lo relacionado con el uso por parte de las administraciones públicas de este tipo de tecnologías”.
Esto “hace que determinadas rutas sean más inaccesibles y que las personas migrantes terminen tomando rutas más peligrosas”, lamenta Ouled, quien recuerda que la ONG Caminando Fronteras contabilizó más de 10,000 muertes en 2024 tratando de llegar a España, de las que el 90% fueron en la ruta Canaria, “la ruta más peligrosa, pero una de las pocas rutas que les queda para poder llegar a suelo europeo”.
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