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(Washington D. C.) – Un año después del primer despliegue de personal de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, avalada por las Naciones Unidas, la violencia y las vulneraciones de derechos humanos siguen en aumento, destacó hoy Human Rights Watch.
Las persistentes carencias de personal, financiación y equipamiento han afectado gravemente la capacidad de la MSS para frenar la violencia, que se ha intensificado en la capital y en otros lugares del país, dejando al menos 2.680 personas asesinadas y 957 heridas, según cifras de la ONU. El informe más reciente del secretario general de la ONU, António Guterres, reportó un alarmante incremento de las graves vulneraciones de derechos cometidas contra niños y niñas, que pasaron de 383 en 2023 a 2.269 en 2024. Los casos documentados de reclutamiento y uso de menores se han multiplicado por 12 y el aumento es aún mayor en los casos de violencia sexual y violación de niños y niñas.
La violencia ha forzado a cientos de miles de personas a huir de sus hogares, lo que ha incrementado el número de desplazados internos a casi 1,3 millones, el más alto jamás registrado en Haití, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
“Cada día, la violencia obliga a cientos de haitianos a escapar, sin nada más que la ropa que llevan puesta, hacia lugares improvisados o a otras ciudades, donde continúan en peligro y tienen escaso acceso a comida y agua”, señaló Nathalye Cotrino, investigadora sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Los países miembros de la ONU deberían reforzar de inmediato la MSS y el Consejo de Seguridad debería transformar la MSS en una misión plena de la ONU, que cuente con el personal, recursos y mandato necesarios para proteger de forma efectiva al pueblo haitiano”.
Human Rights Watch visitó Cabo Haitiano, la capital del departamento Norte, entre finales de abril y principios de mayo de 2025. Con el apoyo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) y la Defensoría del Pueblo de Haití, el equipo de investigación entrevistó a 33 desplazados internos que recientemente habían huido de Puerto Príncipe, su área metropolitana u otros municipios. También se reunieron con trabajadores humanitarios y diplomáticos, así como con representantes de la sociedad civil haitiana y de agencias de la ONU.
Desde inicios de 2025, los grupos criminales han intensificado sus ataques en zonas que eran consideradas seguras, incluso en Puerto Príncipe y su área metropolitana; y en los municipios de Mirebalais y Saut-d’Eau, en el departamento Centro; y en Petite Rivière, en el departamento de Artibonite. La violencia, incluyendo los enfrentamientos con grupos de “autodefensa” que a menudo operan en connivencia con agentes de policía y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, ha obligado a más de 245.000 personas a huir, según la OIM.
Muchos de los entrevistados por Human Rights Watch eran estudiantes universitarios o profesionales con empleos estables, contaban con recursos económicos, incluyendo viviendas o pequeños negocios, y hasta hace poco habían podido vivir sin ser afectados por la violencia.
“Yo vivía bien en mi barrio, era tranquilo. Luego, de repente, empezaron los problemas de seguridad”, dijo un estudiante de Ingeniería Civil de 23 años que salió desplazado desde Puerto Príncipe hasta Cabo Haitiano en marzo, después de un ataque en el que su hermano fue asesinado. “Llegaron unos hombres, muchos bandidos. Empezaron a disparar. Mi familia y yo salimos corriendo de la casa. Mientras cruzaba la calle, [mi hermano de 19 años] fue herido por un disparo. La bala le atravesó la cabeza. Después de eso, nos vinimos a Cabo Haitiano. En mi barrio ya no queda nadie, solo los bandidos”.
Varios entrevistados nos dijeron que, durante los recientes ataques, los grupos criminales utilizaban aplicaciones móviles para enviar mensajes de audio en los que advertían a los residentes de la zona que tenían pocas horas para huir del lugar.
Un fontanero de 38 años de Puerto Príncipe, padre de una bebé de seis meses, dijo a Human Rights Watch: “Los bandidos nos enviaron mensajes para alertarnos. Sabíamos que venían y vinieron. Arrazaron [el barrio]. La policía se fue. [Miembros de los grupos criminales] asesinaron personas, quemaron casas. Yo perdí mi casa. Por todas partes veíamos cuerpos sin vida y había un hedor nauseabundo. Tenías que correr a través del hedor. Para salvarnos, tuvimos que huir”.
Trabajadores internacionales de derechos humanos dijeron que los grupos criminales prendieron fuego a algunas viviendas ubicadas en las afueras de los barrios que tenían como objetivo. El propósito era obligar a los residentes y, en ocasiones, a la policía a huir.
De acuerdo con funcionarios de la ONU, estas tácticas parecen dirigidas a despoblar a la fuerza algunas zonas, de forma que los grupos criminales puedan ampliar su presencia y allanar el camino para tomar el control de otras zonas.
Muchos entrevistados fueron desplazados en varias ocasiones: primero, escaparon a otras zonas de Puerto Príncipe o a ciudades cercanas; luego, buscaron refugio en Cabo Haitiano. Viajaron en autobús, enfrentando los peligros en el camino, pues los grupos criminales controlan las principales rutas, operan los puestos de control y extorsionan a pasajeros.
Una mujer de 37 años de Cabaret, una zona en el norte de Puerto Príncipe que es controlada desde hace tiempo por grupos criminales, dijo a Human Rights Watch que, tras haber sido desplazada varias veces en la misma zona, huyó a Mirebalais para proteger a su hija de 14 años del riesgo de sufrir violencia sexual. Sin embargo, a finales de marzo, después de que grupos criminales atacaran Mirebalais, incendiando viviendas y asesinando a varias personas, tuvo que huir de nuevo. “Me refugié en una iglesia de Hinche [una ciudad cercana]. Mi esposo salió a trabajar, a pintar una casa. No sé nada de él desde entonces. Solo espero que no esté muerto. Me fui de Hinche porque había rumores sobre un ataque inminente. Ahora estamos aquí [en Cabo Haitiano] y tengo miedo de que la violencia nos persiga”.
Las personas desplazadas, que ahora representan aproximadamente el 11 % de la población de Haití, se encuentran refugiadas a lo largo de los diez departamentos del país. El 55 % de las personas desplazadas son mujeres y niñas; la mayoría se aloja con familias de acogida o en sitios de refugio improvisados donde enfrentan una grave escasez de alimentos, agua, atención médica y otros servicios esenciales. Según la Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria, más de 8.400 personas en sitios de refugio improvisados se encuentran en situación de hambruna.
Las condiciones de los sitios de refugio improvisados en todo Haití son cada vez más graves. A inicios de junio de 2025 se reportaron más de 246 sitios informales, cada uno albergando un promedio de 2.000 personas. Muchas personas se refugian en escuelas o lugares públicos hacinados, enfrentando graves riesgos para su seguridad, en lo que la Defensoría del Pueblo ha calificado recientemente como condiciones “inhumanas”.
La magnitud de la crisis de desplazamiento ha desbordado las capacidades existentes. El Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU, cuyo objetivo es brindar asistencia humanitaria a 3,9 millones de personas de las 6 millones que la necesitan, solo cuenta con el 8 % de su financiación. La incapacidad del gobierno de transición para desarrollar un plan nacional e integral de apoyo a las personas desplazadas internamente también ha dificultado los esfuerzos para coordinar y mantener una respuesta efectiva.
La comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para apoyar los esfuerzos de la MSS para proteger a la población de los grupos criminales que los desplazan, señaló Human Rights Watch.
Si bien, en 2024, ocho países notificaron al secretario general de la ONU su intención de aportar personal a la MSS, solo Kenia, que lidera la misión, Guatemala, El Salvador, Jamaica y Bahamas han desplegado personal en la isla. Su despliegue conjunto suma únicamente 991 agentes, muy por debajo de los 2.500 previstos.
La MSS aún necesita financiación adicional para mantener sus operaciones hasta diciembre y poder instalar las 9 bases de operación que hacen falta, de las 12 previstas, y que son fundamentales para proteger el territorio y consolidar su presencia.
El Consejo de Seguridad de la ONU debería garantizar que la MSS, autorizada por la ONU, reciba el personal y los recursos necesarios para cumplir su mandato, así como establecer los pasos a seguir para transformar la MSS en una misión plena de la ONU que tenga capacidad para proteger los derechos humanos y prevenir una mayor escalada de la violencia, señaló Human Rights Watch.
“La violencia en Haití empeora con cada día”, afirmó Cotrino. “El Consejo de Seguridad debería poner fin a la espera y convertir la MSS en una misión plena de la ONU. ¿Cuántos asesinatos, violaciones, secuestros y niños reclutados hacen falta para que los gobiernos despierten y se den cuenta de lo que tiene que ocurrir?”.
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