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Desprender recursos del encaje legal para revitalizar una economía en fase de estancamiento, dirigiéndolos a créditos a tasas preferenciales para sectores productivos, es una decisión que requiere visión y habilidad.
Sin embargo, lo más complicado no es la liberación de los fondos, sino asegurar que los préstamos –otorgados a tasas considerablemente más bajas que las del mercado– lleguen efectivamente a empresas aptas y a actividades que se ajusten a lo establecido por la resolución de la autoridad monetaria.
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Por consiguiente, la canalización de estos recursos demanda la elaboración de un reglamento específico. En el caso de los 81,000 millones de pesos recientemente puestos a disposición de la banca, se espera que en los próximos días dicho reglamento esté en manos de las entidades financieras, para servir de guía en la aplicación de los fondos.
Este reglamento debe ser lo suficientemente preciso y su aplicación rigurosamente supervisada, con el fin de evitar que los recursos terminen engrosando los bolsillos de oportunistas, sin generar el rendimiento social que se busca. Las lecciones aprendidas de anteriores inyecciones de liquidez, incluyendo las quejas de actores que se sintieron excluidos, deben servir para afinar la eficacia y asegurar el cumplimiento de la misión encomendada.
Es fundamental evitar que algunos bancos, aunque no sea una práctica generalizada, se vean tentados a utilizar los recursos para financiar consumo de corto plazo o actividades de intermediación financiera con mayor rentabilidad, como créditos al consumo o inversiones en instrumentos financieros, en vez de destinarlos a sectores productivos como la agroindustria, la manufactura o las MIPYMES.
De la misma manera, debe evitarse que los fondos se orienten hacia inversiones en el mercado de valores o en bienes raíces, áreas que no necesariamente contribuyen al incremento inmediato de la producción o del empleo.
Otra desviación a evitar es el uso de los recursos para refinanciar o consolidar deudas existentes de empresas, sin que esto represente una expansión real del crédito productivo ni un estímulo adicional a la inversión.
Asimismo, es imprescindible que ni en la redacción del reglamento ni en su ejecución se tolere que algunos intermediarios retengan parte de los fondos en forma de liquidez o reservas para mejorar su posición financiera, en lugar de colocarlos activamente en préstamos productivos.
Igualmente, debe garantizarse que los recursos sean dirigidos exclusivamente a empresas que cumplan con los requisitos establecidos, y que no se desvíen hacia compañías vinculadas que no califiquen como beneficiarias.
Hay, además, dos aspectos cruciales que deben ser considerados con especial atención.
Primero, el reglamento debe contemplar una distribución regional equitativa, de modo que todas las regiones del país puedan beneficiarse de los préstamos preferenciales. Ello no implica desconocer el peso relativo de cada zona en la economía, sino asegurar una inclusión territorial efectiva.
Segundo, debe establecerse un calendario claro para la asignación de los recursos, de forma que, si un sector no los utiliza dentro del plazo previsto, los fondos puedan ser redistribuidos hacia otras áreas con mayor demanda. Así se evita lo ocurrido en ocasiones anteriores, cuando parte de los recursos permaneció sin colocar por falta de solicitudes.
En resumen, lo esencial en la canalización de estos recursos, altamente codiciados por su baja tasa de interés, es garantizar que no haya beneficiarios que intenten desviar el curso del caudal ni depositar excesiva confianza en quien merodea la mesa, más pendiente del festín que del bien común.
