Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
PROVIDENCE, Rhode Island, EE.UU. (AP) — La Cámara de Representantes estatal de Rhode Island, controlada por los demócratas, aprobó el viernes un proyecto de ley que prohibiría la venta y fabricación de muchos fusiles semiautomáticos, comúnmente conocidos como armas de asalto.
La propuesta ahora pasa a manos del gobernador, el demócrata Dan McKee, quien adelantó en una publicación en la red social X el viernes por la noche que planea promulgar la ley. De concretarse, Rhode Island se uniría a otros diez estados que ya tienen algún tipo de restricción sobre armas de fuego de alta potencia que en su día estuvieron prohibidas a nivel nacional y que ahora son, en gran medida, las elegidas por los autores de la mayoría de los devastadores tiroteos masivos en el país.
Los defensores del control de armas llevan más de una década presionando para la prohibición de las armas de asalto en Rhode Island. Pero a pesar de ser un bastión demócrata, los legisladores del estado más pequeño del país llevan mucho tiempo debatiendo sobre la necesidad y la legalidad de las propuestas.
El proyecto de ley se aplica solo a la venta y fabricación de armas de asalto, no a la posesión. Solo el estado de Washington tiene una ley similar. Los residentes que quieran comprar un arma de este tipo en el cercano Nuevo Hampshire u otro lugar también se verán impedidos para hacerlo. Las leyes federales prohíben viajar a otro estado para comprar armas y regresar a uno donde estén prohibidas.
Nueve estados y el Distrito de Columbia no permiten la posesión de armas de asalto, lo que incluye grandes ciudades como Nueva York y Los Ángeles. Hawái prohíbe las pistolas de asalto.
Durante el debate del viernes, la representante demócrata Rebecca Kislak describió el proyecto de ley como una medida que alinea a Rhode Island con los estados vecinos.
“Estoy profundamente decepcionada de que no estemos haciendo más, y deberíamos hacer más”, manifestó. “Y dada la oportunidad de hacer esto o nada, voto por hacer algo”.
Los críticos con la medida alegan que las prohibiciones hacen poco para frenar los tiroteos masivos y solo castigan a quienes poseen este tipo de fusiles.
“Este proyecto de ley no persigue a los delincuentes, solo impone una carga a los ciudadanos respetuosos con la ley”, afirmó el senador republicano Thomas Paolino.
El representante republicano Michael Chippendale, líder de la minoría en la Cámara, predijo que si se convierte en ley, la Corte Suprema acabaría por declararla inconstitucional.
“Estamos malgastando dinero en esto”, dijo.
No solo los republicanos se opusieron a la norma. David Hogg, un defensor del control de armas que sobrevivió al tiroteo escolar de 2018 en Parkland, Florida, y la Coalición de Rhode Island Contra la Violencia Armada describieron la propuesta como la “prohibición de armas de asalto más débil del país”.
Elisabeth Ryan, asesora de políticas en Everytown for Gun Safety, rechazó esas afirmaciones y afirmó que “la ley más débil es la que tiene Rhode Island ahora, que no prohíbe las armas de asalto”.
“Esta creará una prohibición real y aplicable a la venta y fabricación de armas de asalto, igual que la ley que ya funciona en el estado de Washington, sacándolas de las estanterías de las armerías de Rhode Island de una vez por todas”, agregó.
A nivel nacional, grupos que defienden el derecho a la posesión de armas han recurrido este tipo de restricciones ante los tribunales alegando que violan la Segunda Enmienda. Las armas de fuego estilo AR-15 están entre los fusiles más vendidos en el país.
La Corte Suprema, de mayoría conservadora, podría abordar este tema pronto. Los jueces rechazaron examinar un recurso a la prohibición de armas de asalto en Maryland a principios de junio, pero tres magistrados conservadores — Samuel Alito, Neil Gorsuch y Clarence Thomas — mostraron su desacuerdo en público. Un cuarto, Brett Kavanaugh, indicó que era escéptico acerca de la constitucionalidad de las prohibiciones y predijo que la corte escucharía un caso “en el próximo mandato o dos”.
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Golden informó desde Seattle. Los periodistas de The Associated Press David Lieb en Jefferson City, Missouri, y Lindsay Whitehurst en Washington, D.C. contribuyeron a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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