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1. 4 millones de inquilinos en EE. UU. podrían perder sus viviendas por una propuesta de Trump

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Se supone que la asistencia del HUD no es permanente".

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

WOODINVILLE, Washington, EE.UU. (AP) — Havalah Hopkins rara vez rechaza los trabajos de servicio de banquetes ofrecidos por cadenas de restaurantes que la envían a eventos en la zona de Seattle, desde comidas comunitarias en iglesias hasta almuerzos de oficina y fiestas de graduación.

Las tarifas de entrega y las propinas que gana, además de los 18 dólares por hora, significan que es mejor que trabajar en turnos con salario mínimo, aunque no es algo constante. Eso le ayuda a pagar el apartamento subsidiado por el gobierno en el que ella y su hijo autista de 14 años han vivido durante tres años, a pesar de que aún se le dificulta llegar a fin de mes.

“Es un ciclo de sentirse derrotada y agotada, sin importar cuánta energía y esfuerzo y tenacidad tengas para sobrevivir”, manifestó Hopkins.

Aun así, esta madre soltera de 33 años agradece tener una vivienda estable. Los expertos calculan que solo 1 de cada 4 hogares de bajos ingresos que cumplen con los requisitos para recibir asistencia en el pago del alquiler por parte del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos recibe ese beneficio. Y ahora Hopkins corre el riesgo de perder su hogar, ya que las autoridades federales se están movilizando para restringir la política del HUD.

En medio de una creciente crisis nacional de falta de vivienda asequible y de personas sin hogar, el gobierno del presidente Donald Trump está decidido a reorganizar el amplio papel del HUD en proporcionar vivienda estable para personas de bajos ingresos, el cual ha sido una función central de su misión durante generaciones. Los cambios propuestos incluyen un límite de dos años a los emblemáticos programas de asistencia para el alquiler que proporciona el gobierno federal.

En una audiencia presupuestaria del Congreso en junio, Scott Turner, secretario del HUD, argumentó que políticas como los límites de tiempo solucionarán el despilfarro y el fraude en la vivienda pública y en los programas de vales de la Sección 8, que ayudan a individuos y familias de bajos ingresos a pagar una renta en el mercado privado.

“Ya no funciona y se ha desviado de su propósito original, que es ayudar temporalmente a los estadounidenses que lo necesitan”, expresó Turner. “Se supone que la asistencia del HUD no es permanente”.

Pero la medida para restringir estos subsidios cruciales marcaría un retroceso significativo en el alcance de la labor del HUD. Millones de inquilinos se mudaron con la promesa de recibir subsidios a la vivienda mientras siguieran siendo lo suficientemente pobres para mantener su elegibilidad, por lo que el establecimiento de límites de tiempo representaría un cambio radical que podría desestabilizar a los hogares más vulnerables, muchos de los cuales probablemente nunca podrían pagar los elevados alquileres actuales, tan altos que rompen récords.

Una nueva investigación de la Universidad de Nueva York (NYU, por sus siglas en inglés), obtenida en exclusiva por The Associated Press y publicada el jueves, reveló que, si se les cortara a las familias el acceso a los subsidios después de dos años, 1,4 millones de hogares podrían perder sus vales y subsidios de vivienda pública, principalmente familias trabajadoras con hijos. Esto llevaría a las autoridades de vivienda a desalojar a muchas familias, señala el informe.

Un límite de tiempo amplio causaría “alteraciones sustanciales y desplazamientos forzados de personas”, agregó, y señaló que en gran medida la política no ha sido sometida a prueba, y que la mayoría de las pocas autoridades de vivienda que sí la probaron voluntariamente finalmente abandonaron los programas piloto.

Una ruptura con el arraigado propósito del HUD de ayudar a las personas de bajos recursos también podría poner en riesgo sus contratos con arrendadores privados, quienes refieren que ya sienten la incertidumbre a medida que las autoridades de vivienda pública desde Seattle hasta Atlanta anuncian recortes para anticiparse a un menor apoyo en la financiación federal.

Los críticos temen que la nueva restricción pueda perjudicar a quienes trabajan para alcanzar la autosuficiencia, lo que frustra el objetivo que los partidarios de establecer un límite de tiempo esperan lograr.

Kasey Lovett, portavoz del HUD, refutó el estudio de la NYU.

“Hay numerosos datos que respaldan firmemente (el establecimiento de) los límites de tiempo y muestran que la asistencia gubernamental a largo plazo sin ningún incentivo desincentiva a los estadounidenses físicamente aptos para que trabajen”, declaró Lovett en un comunicado. Mencionó principalmente estadísticas que dejan entrever un bajo nivel de contratación entre los inquilinos subvencionados por el HUD.

Hopkins dijo que esta política probablemente la dejaría sin hogar a ella y a su hijo en una economía que a menudo se muestra indiferente hacia los trabajadores pobres.

“Un plazo de dos años es ridículo”, expresó. “Es una enorme falta de respeto. Creo que es deshumanizante… todo el sistema”.

Investigadores del Housing Solutions Lab — un organismo enfocado en promover el acceso a la vivienda — del Centro Furman de la Universidad de Nueva York analizaron datos del HUD durante un período de 10 años, y encontraron que aproximadamente el 70% de los hogares que podrían verse afectados por un plazo de dos años ya habían vivido con esos subsidios durante dos o más años.

Esta cifra se basa en estimaciones de 2024 y no incluye a ancianos ni a personas con discapacidad, quienes no estarían sujetos a un plazo. Los hogares exentos representan más o menos la mitad de los aproximadamente 4,9 millones de hogares que reciben asistencia para el alquiler.

En el primer estudio en examinar los posibles impactos de la política propuesta, los investigadores de la NYU encontraron que los límites de tiempo castigarían en gran medida a las familias que trabajan, pero ganan muy por debajo del promedio de ingresos de su área, lo que a la larga alejaría la asistencia federal para el alquiler de los hogares con niños.

“La asistencia para la vivienda tiene un impacto especial en los niños”, apuntó Claudia Aiken, coautora del estudio y directora de nuevas colaboraciones de investigación del Housing Solutions Lab. Su salud, educación, empleo y potencial de ingresos pueden “cambiar de maneras realmente significativas si cuentan con una vivienda estable”, agregó.

Esto afectaría a personas como Hopkins, cuya familia estuvo en lista de espera durante años en la costosa región donde creció. En julio de 2022, ella y su hijo se mudaron a una unidad de vivienda pública de dos habitaciones en Woodinville, Washington. Paga 450 dólares al mes de alquiler, el 30% de sus ingresos familiares.

Un apartamento a precio de mercado en la zona cuesta al menos 2.000 dólares más, según la Autoridad de Vivienda del condado King, que en junio anunció que haría una pausa en la emisión de nuevos vales.

Hopkins sabe que nunca podría permitirse vivir en su estado natal sin asistencia para el alquiler. Fue un alivio poder continuar en el programa todo el tiempo que lo requirieran. Se le había dificultado reunir cientos de dólares más al mes para pagar el alquiler de la casa rodante donde vivían antes.

“No hay palabras para describir el sentimiento de saber que tienes la vivienda asegurada”, manifestó Hopkins. “Siento como si me faltara el aire y por fin puedo respirar”.

Ella atribuye al subsidio de vivienda su capacidad para finalmente dejar atrás un matrimonio abusivo, y aún sueña con más: tal vez establecer su propio negocio de banquetes o trabajar como decoradora de fiestas.

“No todos podemos ser abogados o médicos, y dos años son insuficientes para siquiera llegar a serlo”, añadió.

Desde que se enteró de la propuesta de Trump, Hopkins indicó que la atormenta la idea de tener que meter sus pertenencias y a su hijo en una camioneta, lo que arruinaría la estabilidad que había logrado para él.

El hogar promedio en viviendas subsidiadas por el HUD recibe el apoyo unos seis años, según muestran los estudios. El HUD financia proyectos locales de vivienda pública en donde viven personas de casi 1 millón de hogares, además de vales de la Sección 8 que unos 4 millones de hogares utilizan para ayudarse a pagar sus alquileres privados.

El HUD ha proporcionado escasa información sobre cómo se implementaría la asistencia para vivienda con límite de tiempo: cómo se haría cumplir, cuándo comenzaría el plazo y cómo se definirían las exenciones.

Tanto demócratas como republicanos han reconocido el potencial del establecimiento de límites de tiempo para ayudar a reducir las tristemente célebres listas de espera del HUD. Los que respaldan con firmeza dichos plazos argumentan que la amenaza de perder su vivienda empujará a las personas a alcanzar la autosuficiencia. Otros consideran que los límites, cuando van ligados con apoyo e incentivos laborales, son un medio para motivar a los inquilinos a mejorar sus vidas.

No obstante, es de llamar la atención que hay pocos ejemplos exitosos.

Investigadores de la NYU identificaron a solo 17 autoridades de vivienda pública que han sometido a prueba los límites de tiempo. Ninguno de los programas fue diseñado para solo dos años, y 11 abandonaron la restricción, a pesar de poder utilizar fondos federales para servicios que ayudan a las personas a alcanzar la autosuficiencia. Varias agencias que eliminaron los límites reportaron que los inquilinos aún tenían dificultades para costear su vivienda una vez finalizado el plazo.

“Estas políticas son complejas y difíciles de monitorear, hacer cumplir y ejecutar correctamente”, expresó Aiken, de la NYU.

La ciudad de Keene, Nueva Hampshire, probó plazos de cinco años a partir de 2001, pero canceló la política antes de implementarla plenamente para evitar desalojar a

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