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El Estado tiene la posibilidad de crear una política migratoria enfocada en las personas, evitando la persecución y la deportación a entornos donde corren peligro”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional lanzó un llamamiento urgente a las autoridades dominicanas para que cualquier futura política migratoria se base en el respeto absoluto a los derechos humanos, la no discriminación, la justicia racial y el acceso real a mecanismos de regularización para migrantes y refugiados haitianos.
“En un momento en que la sociedad dominicana intenta construir acuerdos sobre cómo afrontar los desafíos de la movilidad humana, el Estado tiene la oportunidad — y la responsabilidad — de diseñar una política migratoria centrada en las personas, sin perseguir ni deportar a contextos donde podrían perder la vida”, declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, citada en un comunicado de prensa emitido por la organización.
Piquer sostiene que República Dominicana debe asegurar que sus políticas migratorias cumplan con los estándares internacionales, incluyendo el principio de no devolución, el debido proceso, “el interés superior del niño y el derecho a la nacionalidad”.
Además, instaron al presidente Luis Abinader a cesar inmediatamente las deportaciones colectivas, “la identificación racial y las prácticas migratorias discriminatorias”.
Como parte del diálogo convocado por el Consejo Económico y Social de República Dominicana, Amnistía Internacional indicó que presentó una contribución formal en la mesa temática sobre migración, respondiendo a la pregunta central:
La entidad afirma que desde octubre de 2024 más de 180,000 haitianos han sido deportados en operativos masivos sin evaluaciones individualizadas.
“Entre las personas expulsadas se encuentran mujeres embarazadas, niñas y niños, personas negras y dominicanos de ascendencia haitiana. La organización ha documentado casos de tortura, violencia física y detención en condiciones crueles, inhumanas y degradantes”, detalla el comunicado mencionado.
La organización resalta que es imprescindible que el presidente Abinader retire el protocolo que ordena deportaciones tras recibir atención médica, ya que el derecho a la salud no puede depender del estatus migratorio.
La organización ha calificado como inaceptables y peligrosas para la vida las prácticas de expulsión e intimidación de personas que buscan atención médica.
“La actual política migratoria ha generado efectos negativos en sectores económicos clave, debido a la escasez de mano de obra causada por las expulsiones masivas. En este contexto, Amnistía Internacional alienta a continuar los acuerdos emergentes sobre la necesidad de establecer vías de regularización, evitando que dichos mecanismos repitan errores del pasado, como los del fallido Plan Nacional de Regularización, en el que muchas personas beneficiarias no han podido renovar sus documentos desde el inicio de la administración actual, lo que las ha expuesto a detenciones arbitrarias, extorsión por parte de agentes corruptos y redes de trata y tráfico de personas”, señala el documento.
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