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Alfredo Pacheco en una sesión de la Cámara de Diputados, donde se aprobaron normativas clave para el ordenamiento jurídico.
A pesar de que no se logró aprobar los códigos Penal y de Trabajo en la primera legislatura ordinaria de este 2025, la Cámara de Diputados realizó una intensa labor legislativa, sancionando unas 400 iniciativas. Entre estas, destacan 30 proyectos de ley vitales para el ordenamiento jurídico del país, durante 58 sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias.
Solo en la última sesión, la 58, la CD aprobó seis proyectos de ley. En ese momento, estaba en marcha la comisión designada para revisar el Código Penal, pero el pleno ya había sancionado cerca de 400 proyectos de resoluciones internas, presentadas por diputados que solicitaban obras para sus localidades.
El Congreso se convirtió en el principal foro para localidades distantes que, a través de sus representantes, demandaron obras de diversas índoles, tales como centros educativos, de salud, de cuidado infantil y para adultos, carreteras, caminos vecinales y puentes.
El presidente de la CD, Alfredo Pacheco, resalta el trabajo realizado por los diputados durante la legislatura que concluyó el pasado sábado 26 de este mes. Enfatiza que se involucraron a fondo en las diferentes comisiones para analizar los proyectos presentados.
Expresa que en las comisiones, los legisladores trabajaron día y noche, incluyendo fines de semana. Recibieron a expertos en los temas tratados, escucharon a los involucrados, visitaron comunidades y convocaron a vistas públicas para los proyectos más controversiales, porque las iniciativas van al pleno solo si están listas y consensuadas.
Uno de esos proyectos polémicos, que se llevó a vistas públicas, fue el de las candidaturas independientes, donde se presentaron tres versiones. Sin embargo, como anticipó este diario, no se trató en la legislatura, e incluso se presentó un recurso de inconstitucionalidad sobre la pieza.
En la recta final
Entre las leyes consideradas de vital importancia para el ordenamiento jurídico de República Dominicana, resalta la que modificó la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, 225-20. En relación a esta ley, Pacheco valoró la pieza al considerarla fruto del consenso de todos los sectores involucrados. Por ende, es la Ley posible.
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Tráfico ilícito de migrantes
Otra pieza aprobada por los diputados fue la modificación a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, presentada por el Poder Ejecutivo, que reforzará los planes del gobierno sobre las consecuencias en el país de la crisis haitiana.
La pieza establece una pena que, para los casos de tráfico ilícito de migrantes, será de 20 a 25 años.
Se destaca en la normativa que, al funcionario o servidor público encontrado culpable o cómplice del delito de trata de personas, se le impondrá, como pena complementaria, la inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier función pública. En caso de reincidencia, la inhabilitación será por 20 años, cuyo cumplimiento comienza al término de la sanción privativa de la libertad impuesta.
Contrataciones públicas
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, que modifica la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, estableciendo reglas claras y sanciones para quienes la violen. Esta pieza involucra 27 leyes, 13 decretos y la sentencia 305-14 del Tribunal Constitucional, tratados comerciales y otras disposiciones.
Establece un régimen jurídico de la contratación pública, con el propósito de asegurar la eficiencia de los fondos públicos en las contrataciones del Estado.
La ley se basa en 20 principios, entre los que destacan los constitucionales, de juridicidad, transparencia, publicidad, eficiencia, razonabilidad y el debido proceso administrativo.
Control del Congreso
Una ley aprobada y definida por Pacheco como trascendental es la de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, que obliga a los demás poderes a rendir cuentas a los cuerpos legislativos. La negativa de los funcionarios podría conllevar sanciones, incluyendo el juicio político, incluso al presidente de la República, y la solicitud de destitución de funcionarios.
Con la ley, el Congreso pondría fin a la práctica habitual de requerir a los funcionarios que ofrezcan información a los plenos de los cuerpos legislativos, así como a las comisiones, sin que estos comparezcan, una queja constante de los legisladores.
Pacheco define la ley como una de las más importantes para el buen funcionamiento del Estado.
De alquileres
Otra de las normativas trascendentes es la Ley de Bienes inmuebles y Desahucios (Alquileres), de la autoría del presidente de la Cámara de Diputados, que pone fin a los desalojos abusivos y establece la conciliación entre las partes antes de llegar a juicio.
El presidente de la Comisión Especial que estudió la iniciativa, el diputado Amado Díaz, recordó que el país llevaba 67 años gestionando los temas de alquileres con un decreto de 1959, es decir, de la era de Trujillo.
Mientras que Pacheco, al justificar la pieza legislativa, destacó el trabajo que se realizó en el estudio de la iniciativa durante varias legislaturas.
Añadió que con la ley, el país se dota de una normativa que garantiza los derechos de los propietarios de inmuebles, así como también a los inquilinos, lo que permitirá abaratar los inmuebles para alquiler en la República Dominicana.
Ministerio de Justicia
Asimismo, se resalta el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, cuyo objetivo principal es organizar el sistema de justicia, especialmente en materia de derechos humanos y penitenciaria.
Se crea como órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución, según corresponda, de las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al Poder Ejecutivo para la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad.
De igual modo, se encarga de la colaboración funcional y administrativa al Sistema de Justicia, la representación judicial y extrajudicial del Estado y de la Administración Pública, la coordinación de los asuntos registrales bajo su competencia, la coordinación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y la coordinación del Sistema Penitenciario y Correccional.
Hasta el 5 de agosto
Hoy comienza la legislatura extraordinaria, convocada por el presidente Luis Abinader hasta el 5 de agosto, para que los legisladores avancen con el proyecto de ley de los códigos Penal y de Trabajo.
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