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El presidente Luis Abinader ha actuado correctamente al anunciar que revisará la normativa que reforma la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, una situación compleja que establece el cobro de altas tarifas por el tratamiento de basura y fuerza a las empresas cementeras a usar combustibles procesados a partir de desechos.
Entre las regulaciones cuestionadas en esta ley se encuentra el aumento de las tasas para el procesamiento de residuos sólidos, de 500 a tres mil pesos para las pequeñas y medianas empresas, y hasta 675,000 pesos para las grandes, lo que supone un incremento entre el 300% y el 675%.
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La Asociación de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive) alerta que esta normativa impone doble tributación a sus miembros, ya que los vehículos de motor ya pagan entre el 1% y el 3% del valor CIF (costo, seguro y flete) por las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las empresas productoras de cemento se quejan porque la ley les exige usar combustibles derivados de residuos sólidos en sus hornos, sin garantizar cantidad y calidad a un precio razonable, lo que afectaría el principio constitucional de libre mercado y aumenta el riesgo de control monopólico.
Algo inusual sucede en el Congreso, donde se presentan propuestas legislativas previamente acordadas, como el Código Penal, y otras sobre las cuales los sectores involucrados presentan alegatos y opiniones ante comisiones congresuales, pero los textos finales terminan contaminados con desacuerdos y errores.
Frente a repetidos errores, incluyendo los códigos Penal y Laboral, la Ley de Inquilinato y ahora la que modifica la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, se recomienda a senadores y diputados recuperar la sensatez y atender a sus responsabilidades, por el bienestar del país.
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