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Moscú (EFE).- El Kremlin, con el firme propósito de controlar el acceso a internet de los rusos, ha impulsado un nuevo servicio de mensajería (Max), que ya comparan con el chino WeChat y que se presentaría como la alternativa a WhatsApp, una aplicación bajo amenaza de cierre.
El presidente ruso, Vladímir Putin, encargó desarrollar para el 1 de septiembre una aplicación de mensajería nacional que reúna múltiples servicios, incluyendo los de la administración pública, hasta con la posibilidad de funcionar como documento de identidad.
La empresa escogida fue VK (el Facebook ruso), cuyo chat Max, que a pesar de sus pocos servicios adicionales ya se puede descargar desde Google Play, tendrá la responsabilidad de ejercer esa función.
Por otra parte, los expertos sostienen que el objetivo del Kremlin es controlar aún más los canales de comunicación de sus ciudadanos para aumentar la censura, luego de que Putin llamara a “estrangular” a las empresas tecnológicas occidentales.
No es la primera propuesta tecnológica que Rusia presenta como alternativa a las plataformas occidentales a través de copias de menor calidad, como fue el caso de Rutube, que resultó en un completo fracaso.
VK ya desarrolló un chat en 2017 llamado TamTam, que no pudo competir ni con WhatsApp, que tiene casi 100 millones de usuarios en este país -según Mediascope-, ni con Telegram, que supera los 50 millones.
Las autoridades rusas equipararon Max con la aplicación china WeChat, un servicio de mensajería unificado que, según Amnistía Internacional, está sometido a vigilancia estatal y que contribuye a mermar la libertad de expresión en el gigante asiático.
Durante el último mes, populares blogueros rusos publicitaron la aplicación, que ante sus pocos usos originales únicamente han podido alabar su buena conexión a internet, mientras que plataformas independientes los han acusado de trabajar para los intereses del Kremlin.
El chat ya cuenta con más de un millón de descargas en Google Play y, a pesar de estar en una baja fase de desarrollo, sus servicios están aumentando rápidamente, imitando las interfaces de WhatsApp y Telegram.
Algunos medios denunciaron que Max ha copiado canales de Telegram, incluso sin el permiso de sus autores.
El diario Kommersant informó de que los chats escolares de hasta seis regiones se transferirán a Max a partir del 1 de septiembre, dejando de utilizar las plataformas de Sferum y VK Messenger.
En ese sentido, las autoridades rusas debaten actualmente un posible bloqueo de WhatsApp, propiedad de la empresa estadounidense Meta, también dueña de Facebook e Instagram, bloqueados en Rusia por extremismo.
Recientemente, el diputado ruso Antón Gorelkin comentó que WhatsApp debería prepararse para salir del mercado ruso, ya que tiene “bastantes posibilidades” de caer en nuevas restricciones.
El popular bloguero ruso Artemi Lébedev declaró ese mismo día que el gobierno debería prohibir WhatsApp, utilizado por más de dos tercios de los rusos.
“Mi opinión personal es que nuestro gobierno prohíba WhatsApp, porque no lo necesitamos, (…) y Max ocupará su lugar”, comentó en uno de sus vídeos en redes sociales que suma más de un millón de visualizaciones.
También hizo alusión a este asunto el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, para quien la aplicación extranjera debería cumplir con las leyes rusas.
Y es que Meta ha sido multada en repetidas ocasiones por no localizar en territorio ruso las bases de datos sobre sus usuarios rusos.
Según la mayoría de expertos, la localización de bases de datos en Rusia permitiría su acceso a las autoridades rusas, exponiendo la privacidad de los usuarios ante la creciente represión, que aumentó radicalmente tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022.
En cuanto a Telegram, Moscú ya tuvo problemas hace una década con su fundador, Pável Dúrov, quien, a pesar de asegurar la privacidad de sus clientes, ha sido acusado repetidamente en los últimos tiempos de ceder información a los servicios de inteligencia rusos.
Durante los últimos meses, Moscú ha aprobado distintas leyes con el objetivo de restringir el acceso de los ciudadanos a determinados contenidos.
A partir del 1 de septiembre, las autoridades rusas multarán con entre 35 y 55 dólares a los ciudadanos que busquen en internet material considerado extremista, lo que puede variar desde webs opositoras a contenido LGTBI.
“La aplicación arbitraria de la ley podría afectar a todos, incluidos los propios diputados, sus esposas e hijos”, advirtió la censora rusa Ekaterina Mizúlina, quien dirige la Liga por un Internet Seguro, una agencia encargada de vigilar el espacio informativo.
Desde el inicio de la guerra han sido bloqueados numerosos servicios y plataformas occidentales, a las que únicamente se puede acceder a través de redes virtuales privadas (VPN).
Recientemente, el Kremlin relacionó con los ataques de drones ucranianos los continuos cortes de internet a lo largo de todo el país, incluidas regiones del Lejano Oriente como Primorie, con capital en Vladivostok, que no ha sufrido ataques ucranianos.
“Todo lo relacionado con la seguridad y con la protección de los ciudadanos está justificado y es una prioridad. La amenaza existe y es evidente”, declaró Peskov.
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