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Gabriel Boric, el joven presidente surgido del movimiento estudiantil de la década pasada, llegó al gobierno encarnando el anhelo de cambio expresado durante el estallido social de 2019, impulsado por el rechazo a la ultraderecha pinochetista que había triunfado en la primera vuelta presidencial. Sin embargo, en su primer año, el gobierno mostró que su postura, respecto a la cuestión Mapuche, seguiría la senda de dominación del Estado chileno sobre los pueblos indígenas. En efecto, su período ha estado marcado por las luchas de estos pueblos por obtener participación política, integrarse en procesos políticos e institucionales, la presentación de propuestas concretas, ataques racistas, militarización de territorios y la perenne desilusión por la falta de resultados.
Para entender las políticas aplicadas desde el Estado durante el gobierno de Gabriel Boric, es necesario profundizar en tres puntos esenciales: la derrota de la Convención Constitucional y sus consecuencias; el Plan Buen Vivir y el mantenimiento del estado de excepción; y, finalmente, la creación de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
En primer lugar, la contundente derrota en las urnas de la propuesta constitucional elaborada entre 2021 y 2022 por la Convención Constitucional, dejó secuelas duraderas. El proceso había comenzado con la esperanza de la inclusión, por primera vez, de escaños reservados para indígenas (7 mapuche), su primera presidenta fue Elisa Loncon, líder mapuche, y el borrador incluyó muchas demandas históricas de los pueblos indígenas. Pero la ilusión dio paso a la decepción tras la derrota por amplio margen en el plebiscito de septiembre de 2022, siendo además las propuestas indígenas, en particular la plurinacionalidad, señaladas como las principales responsables de la derrota.
Esto fue interpretado por la derecha como un portazo de los chilenos a las demandas mapuches, con efectos claros en la presencia e influencia del movimiento indígena, tanto en las calles como en el proceso constitucional posterior de 2023, donde solo hubo un representante indígena, quien luego renunció. Este segundo proceso, coincidió con un aumento del apoyo a la derecha y extrema derecha en las encuestas, con la demonización de las demandas mapuche y la normalización del discurso racista y xenófobo, especialmente en redes sociales, del cual la ex presidenta de la convención, Elisa Loncon, fue la principal víctima.
Este escenario golpeó a la izquierda y a los movimientos y organizaciones sociales chilenas, pero sobre todo al gobierno, quien perdió el control de la agenda. Boric había llegado al poder respaldando medidas de reparación territorial y derechos colectivos de los mapuche, criticando, a su vez, la utilización del estado de excepción en la zona por parte del gobierno de Sebastián Piñera.
Si bien el gobierno entrante no renovó el estado de excepción, a pocos meses de asumir, Boric lo volvió a implementar argumentando el incremento de los ataques incendiarios. En la práctica, se trata de la militarización de la zona con presencia de Carabineros, militares, la Armada y el patrullaje de la aviación para controlar el territorio. Los actos de violencia han disminuido, pero la zona lleva ya más de tres años (casi todo el período de Boric) bajo control militar. De esta forma, el Gobierno está empleando el mismo recurso que se ha utilizado desde la invasión de esos territorios: la represión y la coerción. El Estado de excepción se ha renovado más de 50 veces.
A partir de 2022, el gobierno de Boric puso en marcha lo que se ha denominado “Plan Buen Vivir”, en referencia al concepto de la cosmovisión indígena, pero que en este caso se refiere a un plan de políticas públicas en medio del estado de emergencia. El plan incluye la construcción de caminos, el acceso a agua potable, inversión en infraestructura para comunidades y diálogo territorial.
A nueve meses de finalizar el gobierno de Boric, se ha presentado el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento creada en 2023 con el objetivo de encontrar soluciones a mediano y largo plazo para el conflicto en la Araucanía. La instancia estuvo integrada por ocho miembros, incluidos representantes mapuches de larga trayectoria en el movimiento y políticos como Francisco Huenchumilla (Senador) y Adolfo Millabur (ex convencional).
Entre las 21 recomendaciones del informe se incluyen promesas ya reiteradas como el reconocimiento constitucional, la revitalización de la lengua o representación política, u otras más novedosas como la reparación de todas las víctimas de la violencia. Estas medidas fueron respaldadas por siete de los ocho miembros de la Comisión, con la particularidad de que uno de los votos positivos fue de una miembro del Partido Republicano (extrema derecha) quien acusó presiones de su partido para rechazar el informe. Como consecuencia, esta tuvo que renunciar a su partido.
Las recomendaciones han sido recibidas con moderación y cautela porque plantean demandas históricas como el hacerse cargo de la apropiación de las tierras por parte del Estado, origen del conflicto. Y es que, a lo largo de las últimas décadas, muchas instancias han generado la esperanza de poner fin al conflicto, pero finalmente han quedado archivadas en algún escritorio. Además, muchas de estas recomendaciones deben seguir su debido proceso legislativo lo cual termina dependiendo del calendario electoral.
A nueve meses del final del mandato parece ilusorio pensar que estas iniciativas se vayan a poder concretar, sobre todo teniendo en cuenta que es muy probable que en las próximas elecciones se imponga la derecha pinochetista. En este contexto, incluso hasta el propio nombre de la Comisión: por la “Paz y el Entendimiento”, en un territorio militarizado parece irónico.
Por lo tanto, podemos decir que las políticas implementadas durante el gobierno de Boric con respecto a los mapuche representan más una continuidad con los gobiernos anteriores, que un verdadero intento por poner fin al conflicto.
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