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MIAMI, Estados Unidos. – El Gobierno de El Salvador transfirió este viernes a 252 venezolanos al régimen de Nicolás Maduro, en el marco de un intercambio negociado entre Washington y Caracas. Este incluyó la liberación de presos políticos venezolanos y de 10 ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela, según confirmaron las autoridades de los tres países involucrados.
Los venezolanos, previamente deportados desde Estados Unidos bajo acusaciones de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, estaban encarcelados desde marzo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una mega prisión construida durante el mandato del presidente salvadoreño Nayib Bukele. La operación fue confirmada públicamente por el propio Bukele en un mensaje publicado en su cuenta de X:
“Tal como se le ofreció al régimen venezolano en abril, realizamos este intercambio a cambio de un número considerable de presos políticos venezolanos (…), así como todos los ciudadanos estadounidenses que tenía retenidos como rehenes”.
La Cancillería venezolana también confirmó el canje mediante un comunicado, en el que afirmó que las liberaciones se lograron “gracias a las gestiones del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero”, sin detallar cuántos ni quiénes fueron los presos políticos beneficiados. Según el Gobierno de Maduro, “Venezuela ha pagado un alto precio para conseguir la libertad de estos connacionales” y explicó que los migrantes fueron enviados a El Salvador por “sectores más extremistas de la derecha venezolana”.
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio celebró la liberación de los 10 ciudadanos estadounidenses y declaró que hasta ahora “había más estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela que en cualquier otro país del mundo”, retenidos “en circunstancias muy cuestionables y sin el debido proceso”. En su comunicado, Rubio agradeció a Bukele por sus esfuerzos “para asegurar estas liberaciones tan esperadas y garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses tanto en casa como en el extranjero”.
Aunque el número exacto de presos políticos liberados en Venezuela no fue revelado por las autoridades, el anuncio fue recibido con expectativas por parte de los familiares de los detenidos, tanto en el CECOT salvadoreño como en las cárceles venezolanas. Las organizaciones de derechos humanos cifran en 948 el número de presos políticos actualmente en Venezuela, una cifra que ha aumentado tras las elecciones presidenciales celebradas hace casi un año.
La deportación de los 252 venezolanos a El Salvador se produjo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por el presidente Donald Trump para acelerar la expulsión de extranjeros considerados amenazas a la seguridad nacional. Se trató de una medida excepcional, ya que esa legislación rara vez se utiliza en procesos migratorios.
Bajo un acuerdo entre Trump y Bukele, El Salvador aceptó custodiar a los deportados a cambio de seis millones de dólares anuales. La mayoría de estos migrantes no tenía antecedentes penales, y sus infracciones eran de carácter administrativo, según revelaron investigaciones de prensa. Sin embargo, muchos de ellos fueron identificados como supuestos miembros del Tren de Aragua por el simple hecho de tener tatuajes, considerados por las autoridades estadounidenses como prueba de afiliación a esa organización criminal.
Familiares y abogados de varios de los deportados han negado cualquier vínculo con bandas delictivas y han denunciado que no se les ofreció la posibilidad de defenderse ante tribunales estadounidenses. Uno de los casos más emblemáticos es el de Kilmar Abrego García, un salvadoreño residente legal en Maryland que fue deportado erróneamente al CECOT. Tras una orden judicial, Abrego fue readmitido en Estados Unidos, lo que expuso fallas en la implementación del programa de deportaciones y tensiones entre el poder judicial y la Administración Trump.
El presidente Bukele había propuesto desde hace meses un intercambio de prisioneros con Venezuela. No obstante, el régimen de Maduro inicialmente calificó el ofrecimiento como un “chantaje”, al tiempo que intensificaba la persecución de opositores bajo acusaciones de terrorismo, instigación al odio y traición a la patria.
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