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Wilson Camacho resaltó que, a diferencia de otros lugares, el fiscal dominicano encargado de casos de corrupción desempeña diversas funciones debido a la inexistencia de una fuerza policial especializada en crimen organizado.
Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, se refirió a las particularidades y obstáculos en la edificación de casos de corrupción en República Dominicana.
Subrayó que, a diferencia de otras naciones, el fiscal anticorrupción dominicano cumple múltiples roles debido a la carencia de una estructura policial especializada en crimen organizado.
Camacho explicó que en países como España, Italia o Francia, hay cuerpos policiales especializados en la investigación del crimen organizado.
En República Dominicana, no obstante, el fiscal anticorrupción debe ser, a la vez, policía, analista financiero, investigador y litigante.
Si bien existen iniciativas recientes como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para drogas y algunos espacios incipientes en la policía para la criminalidad organizada, son recientes y carecen del desarrollo adecuado. Esta situación impone una carga excesiva sobre el Ministerio Público para llevar a cabo investigaciones complejas.
El director de Persecución apuntó una “inseguridad jurídica” subyacente en el desarrollo de estas investigaciones.
Lo atribuyó a la ausencia de una larga tradición en la investigación de grandes casos de corrupción en el país.
Camacho indicó que este tipo de persecución ha ganado relevancia “de Tucano que nos afectó seriamente a Odebrecht que también nos afectó seriamente al 2020 en adelante”.
Esta relativa novedad no ha permitido que las instituciones desarrollen todas las herramientas estructurales necesarias para abordar con eficacia casos de esta índole.
Camacho mencionó que determinar el costo de un caso de estos depende de múltiples factores.
Aunque no proporcionó cifras específicas, insinuó que la inversión del Ministerio Público en estos procesos es significativa.
Por último, el director de Persecución abordó la discusión sobre la complejidad de estos casos y la necesidad de que el Ministerio Público “recupere” la percepción de la ciudadanía, reiterando su compromiso con la persecución de la corrupción.
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