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SANTO DOMINGO.- Un juez del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Barahona remitió a juicio a ocho imputados pertenecientes a las narcofamilias que conforman la estructura criminal del caso Caimán, al estimar que existen suficientes elementos probatorios que los relacionan con el tráfico de drogas, armas y otros delitos graves.
Los imputados son: Carlos Manuel Cuevas Pérez, Geise Feliz Pérez, Gloria González Pérez, Jerbinson Bernabé López, Malbin Martínez Feliz, Wellington Ford Garó, Wilkins Joel Cuevas Ferreras y Wilmer Joel Cuevas Florián. Según el juez, existen pruebas suficientes que los vinculan a los hechos, los cuales deberán ser debatidos en un juicio de fondo.
Este grupo, señalado como parte de la narcofamilia del caso Caimán, está acusado de asociación de malhechores, tráfico de drogas y armas, lavado de activos, entre otros delitos vinculados al crimen organizado.
Por otro lado, el magistrado dictó un “No ha lugar” a favor de los imputados Máximo Andrés Ruiz Moreta, Rafael Marcelo Saldaña Cuevas y Yesenia Florián Feliz, al no hallarse pruebas suficientes que los relacionen con los hechos imputados por el Ministerio Público, por lo que no se justifica la apertura de juicio de fondo en su contra. Además, se ordenó el cese de todas las medidas de coerción impuestas a dichos acusados.
De acuerdo con el Ministerio Público, los implicados en esta estructura criminal controlaban la distribución de cocaína en las provincias de Barahona, Peravia y Pedernales, y enviaban cargamentos de droga a Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
Cada miembro de esta organización desempeñaba un papel clave en el auge del narcotráfico, afectando la seguridad y la salud pública tanto a nivel nacional como internacional.
La red criminal empleaba estructuras logísticas sofisticadas para movilizar grandes cargamentos de drogas, utilizando lanchas de fabricación artesanal tipo “Go Fast”, que operaban en la zona suroeste de la República Dominicana, desde donde se enviaban las sustancias ilícitas a los destinos mencionados.
En el expediente también se menciona como miembros de esta red a los privados de libertad Juan Alberto Díaz Valdez, Miguel Ángel Carrasco Mejía, Gardy Sánchez, y los ciudadanos venezolanos Pablo José Mavo León y Oswaldo José Colina, quienes actualmente cumplen prisión en las cárceles públicas de Baní y Barahona.
La acusación establece que la organización criminal integrada por estas narcofamilias logró movilizar, desde diciembre de 2021, aproximadamente 28 toneladas de cocaína por año, generando miles de millones de dólares, recursos que eran canalizados hacia “capos del narcotráfico internacional”.
