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El Ministerio Público había solicitado 35 años de cárcel para el ex viceministro de Comunicaciones y sus coacusados por supuestamente haber cometido los delitos de colusión agravada y lavado de activos relacionados con el favorecimiento a Odebrecht.
El ex viceministro de Comunicaciones en el segundo Gobierno de Alan García (2006-2011), Jorge Cuba, fue sentenciado este jueves a 21 años y 8 meses de prisión por sobornos recibidos de la firma brasileña Odebrecht para la adjudicación de la Línea 1 del Metro de Lima, aunque el sentenciado no asistió a la audiencia, pues abandonó el país el pasado domingo con destino a Ecuador.
Cuba era el principal acusado en este caso, que involucraba a otros cuatro exfuncionarios, y fue sentenciado por los delitos de lavado de activos y colusión por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional.
El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez comentó a los periodistas, tras concluir la audiencia, que Cuba “lamentablemente ha escapado gracias a una ley del Congreso”, que no permite desde este año la extensión del impedimento de salida del país para los procesados por “graves casos de corrupción”.
El abogado del ex viceministro, Renzo González, confirmó a los reporteros que presentará una apelación contra la sentencia, al considerar que no hubo delitos en el marco de una organización criminal, una figura delictiva que fue rechazada por el juzgado.
González defendió que Cuba haya preferido “resguardarse”, al salir del país y ausentarse de la lectura de sentencia, porque está en el “ejercicio legítimo de un derecho”.
Afirmó que no puede decir dónde se encuentra porque no ha tenido comunicación con él desde la última audiencia judicial realizada el pasado jueves en Lima.
El fiscal informó al inicio de la audiencia que Cuba cruzó la frontera hacia Ecuador, por vía terrestre, el 20 de julio, según su movimiento migratorio.
Cuba pudo salir de Perú porque la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada había levantado previamente el impedimento de salida del país que pesaba sobre él como medida cautelar.
El Ministerio Público había solicitado 35 años de cárcel para el ex viceministro de Comunicaciones y sus coacusados por supuestamente haber cometido los delitos de colusión agravada y lavado de activos relacionados con el favorecimiento a Odebrecht en el proceso de licitación y ejecución de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.
La acusación fiscal señala que Cuba habría recibido pagos ilícitos y coordinado decisiones administrativas para asegurar la adjudicación del proyecto a Odebrecht, en el marco de una red de corrupción de alto nivel.
La investigación también incluyó a los exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Mariella Huerta, Edwin Luyo y Miguel Navarro.
El juzgado les impuso penas de 21 años y 8 meses a Huerta y Luyo, mientras que Navarro fue condenado a 16 años y ocho meses.
La tesis del Ministerio Público argumenta que la empresa brasileña transfirió más de 8 millones de dólares a Cuba, quien utilizó varios testaferros y cuentas bancarias en países como Andorra, para presuntos pagos ilícitos en favor de funcionarios peruanos, a cambio de la buena pro en las licitaciones públicas.
Se indica que los sobornos fueron destinados a Cuba, quien utilizó como testaferros a su pareja sentimental Jessica Tejada, quien fue absuelta de los cargos, a su sobrino Víctor Muñoz Cuba y a su asesor Miguel Navarro.
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