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Consultor jurídico en PE requiere al Ministerio de Justicia

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Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Arlenis Castillo

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, resaltó ayer la necesidad de que República Dominicana reinstale un Ministerio de Justicia, como el que existió en el país hasta hace 60 años, con el propósito de conseguir una gestión más eficiente y digna del sistema penitenciario.

Durante su intervención en el Taller de Evaluación de la Reforma Penitenciaria, organizado por la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), Peralta destacó que en la región iberoamericana, 19 de los 22 países que la integran tienen un órgano funcional, que ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento de su Estado de derecho y la independencia judicial.

Afirmó que mientras tanto, República Dominicana, junto con Ecuador y Nicaragua, es uno de los pocos países donde el Ministerio Público aún asume las funciones administrativas que deberían corresponder a otras jurisdicciones.

En ese contexto, explicó que en el proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia, fue incluida la Dirección de Asuntos Penitenciarios como órgano descentralizado, pero adscrito al nuevo ministerio.

En esa misma línea, el director del Onaprep, Roberto Santana, valoró como muy positivo el rescate del organismo, mediante el cual el sistema penitenciario pasaría a ser una institución principal y prioritaria.

“Desde el momento en el que el Triunvirato, de manera nefasta, disolvió y quitó el Ministerio de Justicia y lo unió a la Procuraduría, desde ese momento hasta hoy y de eso hace 60 años, el sistema penitenciario no ha sido una prioridad ni ha recibido la atención adecuada”, lamentó Santana.

Igualmente, señaló que con la creación del ministerio, más que aportar a una mayor organización en términos institucionales, también daría la oportunidad de atender las fases de atención a los privados de libertad, para asegurar tanto su reinserción en la sociedad, como la rehabilitación, lo que se traduce en una disminución de los riesgos de inseguridad ciudadana.

La propuesta del ministerio de justicia ya fue analizada y aprobada por el Senado y actualmente está a la espera del voto favorable de los diputados.

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