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De los prelados al Ejecutivo

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Respecto al delicado tema haitiano, la conferencia de los obispos ha expresado su postura, por lo que corresponde al Gobierno analizar el contenido de ese documento y actuar conforme a la ley.

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La Conferencia del Episcopado Dominicano ha instado al Gobierno a no convertir los hospitales en puestos de control migratorio, perseguir y sancionar a quienes trafican con inmigrantes irregulares, “sean de la nacionalidad que sean”, al mismo tiempo que criticó los discursos que, según afirma, promueven el odio, la marginación y la violencia contra los inmigrantes.

De los obispos católicos era esperable este pronunciamiento sobre el tema migratorio, ya que la Iglesia ha sido firme y constante en su defensa para que las leyes migratorias se apliquen según los principios de equidad y respeto a la dignidad humana.

A lo que se refiere la Conferencia Episcopal es al protocolo hospitalario implementado por la Dirección General de Migración (DGM) en los centros de salud públicos, donde se sitúan agentes para detener a inmigrantes indocumentados después de recibir atención médica, procediendo luego a su deportación.

Se puede leer: Obispos a Migración: “Los hospitales no son centros de detención”

No se niega que este proceder podría chocar con los principios de solidaridad y caridad, pero también es justo decir que, con esta medida, se busca reducir el elevado número de parturientas provenientes de Haití que sobrecargaban las maternidades públicas.

A diferencia de otras naciones donde prevalece la xenofobia contra los extranjeros, el descontrol migratorio haitiano pone en riesgo la seguridad interna y el funcionamiento económico e institucional de República Dominicana, lo que debería obligar al Gobierno a aplicar rigurosamente las leyes migratorias, siempre respetando los derechos humanos.

Sin buscar comparaciones inapropiadas, es importante recordar que en Estados Unidos se construyó una cárcel rodeada de cocodrilos para albergar inmigrantes, que el expresidente Donald Trump anunció que deportaría a extranjeros naturalizados o nacidos en ese país, y que el partido Vox, de España, promete que, de llegar al gobierno, expulsaría a ocho millones de inmigrantes.

Respecto al delicado tema haitiano, la conferencia de los obispos ha expresado su postura, por lo que corresponde al Gobierno analizar el contenido de ese documento y actuar conforme a la ley. Nada más.

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