De “Oye, Alexa” a “¡Despierta, Justicia!”

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

En el caso Garner vs. Amazon.com, Inc., esta pesadilla tecnológica ha sido descubierta in fraganti. El 7 de julio de 2025, el Juez Robert S. Lasnik, desde la United States District Judge en Washington, emitió una orden que sacude los cimientos de la inteligencia artificial: concede parcialmente la certificación de clase en una demanda colectiva contra Amazon por el uso supuestamente abusivo de datos de voz recolectados por Alexa. No es un veredicto final -aún no se declara culpable al gigante de Jeff Bezos-, pero abre la puerta a que miles de usuarios exijan justicia colectiva. El caso podría encender alarmas en Argentina, donde la privacidad no es un lujo, sino un derecho en disputa. “Los demandantes alegan que tanto el almacenamiento permanente de las interacciones con Alexa como las activaciones falsas son elementos de diseño intencionales del servicio, empleados para acumular enormes cantidades de grabaciones de voz que puedan alimentarse a algoritmos y plataformas de aprendizaje automático para un entrenamiento de mejora continua.” La sentencia no es un golpe definitivo, pero puede considerarse una llave maestra que destraba el litigio masivo. La “certificación de clase” (bajo la Regla 23 de las reglas procesales estadounidenses) es un mecanismo que agrupa a víctimas similares para evitar un caos de juicios individuales. Aquí, los demandantes -liderados por Kaeli Garner- acusan a Amazon de violar leyes de privacidad al grabar conversaciones no intencionadas (esos “falsos despertares” donde Alexa se activa sin ser llamada), transcribirlas, almacenarlas indefinidamente y usarlas para entrenar modelos de IA sin consentimiento ni compensación. El juez concede la certificación para una “clase de registrantes” -esos millones que sí registraron sus dispositivos Alexa-, permitiéndoles buscar proteger su privacidad: órdenes para que Amazon cese el uso de datos en algoritmos y destruya grabaciones existentes, y “daños monetarios”: compensación por el “valor” de las voces “robadas”, calculado por los fragmentos de audio o “utterances” que alimentan la máquina de aprendizaje. Las cuestiones comunes predominan aquí sobre las individuales, haciendo viable un juicio colectivo: Amazon habría ocultado deliberadamente estas prácticas bajo términos de uso engañosos. Sin embargo, rechaza clases para “no-registrantes” -aquellos que nunca tocaron un Alexa pero convivieron con uno-, argumentando que probar el consentimiento o el número de grabaciones requeriría indagaciones personalizadas, convirtiendo el proceso en un laberinto inmanejable.