Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Santo Domingo. – Este 5 de julio se cumplen 62 años desde que el entonces presidente Juan Bosch alertara, en un discurso a la nación en 1963, sobre la apremiante necesidad de reformar los códigos judiciales dominicanos, que ya en esa época tildó de obsoletos y anticuados.
Bosch anunció que en la legislatura de agosto de ese mismo año presentaría un proyecto de reforma integral, ya que — según declaró — los textos legales vigentes no estaban aptos para administrar justicia en una sociedad moderna. “Si no se hacen cambios en la Justicia, correrá sangre en el pueblo”, advirtió en su histórica intervención.
En aquel entonces, los jueces eran elegidos por el Senado de la República, según lo establecido por la Constitución.
A pesar del tiempo transcurrido, los mismos códigos que Bosch denunció en 1963 siguen vigentes en gran medida en 2025, a más de seis décadas de su advertencia. De hecho, los proyectos para su reforma llevan más de 25 años estancados en el Congreso Nacional.
Sin embargo, a día de hoy, julio de 2025, dichos proyectos permanecen en los archivos del Senado y la Cámara de Diputados, sin haber sido aprobados.
Los códigos actualmente en vigencia datan del siglo XIX. El Código Penal fue puesto en marcha en 1884, mientras que los códigos Civil, de Comercio, de Procedimiento Civil, de Instrucción Criminal y Penal fueron adoptados el 4 de julio de 1882, tras haber sido traducidos del francés al español por una comisión encabezada por Manuel de Jesús Galván, José Joaquín Pérez, Apolinar de Castro y José de Jesús Castro, bajo la dirección del entonces ministro de Justicia Juan Tomás Mejía.
Estos códigos fueron enviados al Congreso Nacional en abril de 1884 y, pese al paso de los años y los múltiples intentos de actualización, siguen siendo el pilar normativo del sistema judicial dominicano.
La permanencia de estos textos legales sin reforma estructural refleja un rezago institucional que afecta directamente la administración de justicia, un tema que, según lo expuesto por Bosch en 1963, sigue siendo una deuda pendiente con la sociedad dominicana.
