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Santo Domingo.- La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) exhortó de manera urgente a la ciudadanía a denunciar cualquier anomalía con las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con la finalidad de defender sus derechos y corregir las fallas del sistema.
La institución recordó que desde diciembre de 2024 inició el programa “¡Ya no estás solo! DIDA 24 horas contigo”, una línea de atención continua que permite recibir quejas y ofrecer asistencia legal y técnica fuera del horario laboral.
En solo seis meses, este canal ha facilitado la gestión de más de 1,500 casos urgentes de vulneración de derechos en salud, evitar cobros indebidos por más de 40 millones de pesos y atender un total de 25,300 casos relacionados con diversos seguros del sistema, según estadísticas internas.
“Estos resultados demuestran que los derechos de los afiliados no tienen horario, y por eso, nuestra defensoría tampoco. Estamos donde otros no llegan y cuando más se necesita”, afirmó el director de la entidad, Elías Báez.
Respecto al sistema en general, Báez denunció que existen sumas millonarias de dinero retenidas en las AFP correspondientes a personas fallecidas cuyos familiares no han reclamado por desconocimiento o falta de documentos.
“A veces los hijos ni siquiera saben que su padre tenía dinero en la AFP; otros no tienen papeles porque fueron hijos no declarados, y muchos simplemente no saben que tienen derecho a reclamar”, explicó.
Báez informó que han solicitado formalmente a la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) los datos necesarios para publicar los nombres de los titulares fallecidos con fondos disponibles, y así permitir que los familiares puedan acceder a ese dinero.
“Un millón de pesos no es poco. La gente tiene derecho a saber que hay algo ahí y que pueden reclamarlo”, puntualizó.
Criticó, además, que el diseño del Consejo Nacional de Seguridad Social favorece a actores con intereses propios, como médicos y representantes de las ARS, quienes tienen incluso poder de veto.
“Aunque digan que no lo usan, lo aplican por otros medios. Mientras no se modifique la ley, este sistema seguirá respondiendo más a intereses particulares que al bien común”, sentenció.
Entre los casos más comunes que enfrenta la DIDA, se identificaron varios patrones de violación a la ley, como cobros de diferencias en emergencias, depósitos ilegales para ingresar a unidades de cuidados intensivos (UCI) o cirugías, retención de pacientes o cadáveres a pesar de tener alta médica, cobros excesivos y denegaciones de servicios por tecnicismos administrativos incluso en casos críticos.
Estas prácticas, además de ir en contra de la Ley 87-01 que regula el Sistema Dominicano de Seguridad Social, atentan directamente contra la dignidad y la salud de los usuarios.
Según Báez, la DIDA no solo actúa como mediadora, sino que también impulsa cambios estructurales a través de la vía legal y la incidencia institucional, interponiendo amparos de cumplimiento, como en el caso de los pensionados a quienes se les descuenta obligatoriamente un 2 % para asegurar a sus beneficiarios, a pesar de no estar estipulado en la ley.
Igualmente, lidera acciones colectivas, se coordina con instituciones clave y exige cambios normativos ante el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), participando activamente en las mesas técnicas.
“Exigimos con evidencias y datos, porque creemos en un sistema más justo y centrado en el afiliado”, resaltó la entidad.
En el ámbito tecnológico, la DIDA asegura estar trabajando en el desarrollo de un sistema de CRM Ciudadano para el seguimiento individual de cada caso, el uso de inteligencia artificial para detectar patrones de violaciones y el lanzamiento de la unidad móvil “Ruta Ya No Estás Solo: DIDA Contigo”, con la que pretenden orientar a comunidades rurales y trabajadores informales.
La entidad que, según su director, tiene limitaciones presupuestarias, consideró como una victoria la sentencia TC/0305/25 del Tribunal Constitucional, que invalidó disposiciones restrictivas del Contrato Póliza del Seguro de Discapacidad y Sobrevivencia.
Esta decisión eliminó el límite de edad de 65 años para recibir pensión por discapacidad y anuló el plazo de prescripción para solicitar pensiones por discapacidad o sobrevivencia.
A raíz de esta decisión, la entidad ha reactivado expedientes previamente archivados y trabaja para que el contrato sea reformulado conforme al fallo.
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