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Washington, EE.UU. (EFE). El Gobierno estadounidense todavía no ha resuelto a qué país deportaría al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García si fuera liberado y vuelto a aprehender, según fuentes oficiales de este jueves. No obstante, un funcionario del Ejecutivo insinuó que México y Sudán del Sur podrían estar dispuestos a recibirlo.
Thomas Giles, subdirector adjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), expuso en una audiencia en Maryland, cerca de Washington, que Estados Unidos tiene acuerdos con esos dos países.
” “No vamos a enviar gente a un país donde sea perseguida o torturada”, añadió, asegurando que Ábrego García está siendo tratado “como cualquier otra persona”.
Según la cadena CBS News, el destino final del migrante dependerá inicialmente del espacio disponible, por lo que no hay un plan establecido de antemano, salvo el de volver a detenerlo si llegara a ser puesto en libertad en espera de juicio.
La audiencia de este jueves se prolongó durante cuatro horas y se programó una nueva para este viernes a las 09:00 hora local (13:00 GMT).
Ábrego García, de 30 años, se encuentra actualmente en una prisión de Nashville por presuntamente transportar a personas indocumentadas dentro de Estados Unidos. Él se ha declarado inocente, y su defensa aduce que está siendo perseguido por el Gobierno estadounidense para justificar un error previo en su deportación a El Salvador.
Según documentos judiciales presentados por su defensa, Ábrego García residía en Maryland desde hace más de una década y huyó de El Salvador debido a las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18.
El salvadoreño fue uno de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EE. UU. y enviados a la prisión de alta seguridad del CECOT en El Salvador sin posibilidad de apelar ante una corte, un hecho que grupos de derechos humanos han calificado como “desaparición forzada”.
Ábrego García ingresó de forma irregular a Estados Unidos en 2012, siendo menor de edad. Aunque un tribunal de inmigración determinó en 2019 que era “deportable”, un juez de asilo emitió una orden que lo protegía de ser enviado a su país natal debido a la persecución por parte de las pandillas.
Tras haber sido deportado por un “error administrativo” del Gobierno el pasado 6 de junio, y después de más de dos meses en El Salvador, se anunció que había sido traído de vuelta a Estados Unidos para enfrentar los cargos por tráfico de personas.
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