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Las deportaciones han sido llevadas a cabo principalmente debido a infracciones de las leyes migratorias, así como por delitos graves como narcotráfico, robo, asalto, falsificación de documentos, violencia doméstica y conducir bajo los efectos del alcohol.
En tan solo seis meses y medio de este 2025, y bajo el segundo mandato del presidente republicano Donald Trump, un total de 2,225 dominicanos han sido deportados desde Estados Unidos, según un informe oficial de la Dirección General de Migración (DGM).
Las deportaciones han sido llevadas a cabo principalmente por violaciones a las leyes migratorias, así como por delitos graves como narcotráfico, robo, asalto, falsificación de documentos, violencia doméstica y conducir bajo los efectos del alcohol.
Los datos proporcionados por la DGM indican que, 1,886 deportaciones procedieron directamente desde distintas ciudades de los Estados Unidos continentales y otras 339 desde San Juan, Puerto Rico, totalizando así una cifra que refleja el endurecimiento de las políticas migratorias en la actual administración Trump, caracterizada por su retórica firme y su ofensiva contra la inmigración irregular.
Las autoridades dominicanas detallan que una gran parte de los repatriados ingresaron inicialmente de manera irregular a territorio estadounidense, utilizando rutas como la frontera entre México y EE. UU., mientras que otros se desplazaron en yolas desde la República Dominicana hacia Puerto Rico, arriesgando sus vidas en el mar en busca de oportunidades.
Asimismo, según fuentes del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), muchos de los dominicanos deportados en 2025 habían llegado a los EE. UU. durante los años 2024 y este 2025, siendo posteriormente detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Alguaciles Federales (U.S. Marshals).
El informe detalla que el 75% de los deportados fueron capturados bajo el gobierno de Trump, en operativos semanales y perfil de los repatriados mayormente mediante redadas migratorias llevadas a cabo en ciudades con alta concentración de latinos, como Nueva York, Miami, Chicago, y San Juan, Puerto Rico.
Una parte de ellos ya habían cumplido condenas en cárceles estadounidenses antes de ser incluidos en los operativos de repatriación.
Las deportaciones, organizadas por ICE en coordinación con la Dirección General de Migración y la empresa concesionaria (Aerodom), se realizan cada martes hacia el AILA, donde se mantiene un operativo especial de seguridad coordinado por el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC).
Esto responde, según las autoridades, a la naturaleza de los delitos cometidos por muchos de los deportados.
Las cifras oficiales muestran un patrón creciente en las deportaciones durante el primer semestre del año: en enero, 197 deportados; en febrero, 247; en marzo, 232; en abril, 455; en mayo, 332; en junio, 332 y del 1 al 14 de julio, 165 deportados.
Estas estadísticas reflejan una aceleración significativa en la frecuencia de deportaciones, en línea con la promesa de campaña de Donald Trump de lanzar la mayor campaña de deportación de migrantes en la historia estadounidense.
El segundo mandato de Trump, iniciado el 20 de enero de 2025, ha reactivado muchas de las medidas migratorias más duras de su primera administración, suspendidas temporalmente durante la presidencia anterior.
Su agenda, centrada en “restaurar el orden migratorio”, ha puesto especial énfasis en la identificación y expulsión de inmigrantes con historial criminal, incluyendo delitos menores.
Durante el año 2024, más de 3,400 ex convictos dominicanos fueron igualmente repatriados, lo que indica una tendencia en aumento que ha continuado y se ha intensificado este año.
Esta política ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos que han cuestionado tanto los métodos de arresto como las condiciones de detención previas a las deportaciones.
El endurecimiento de las políticas migratorias de Donald Trump ha tenido un impacto directo sobre la población dominicana residente en EE. UU. y Puerto Rico, evidenciado por el alto número de deportaciones en tan corto período.
Las autoridades locales siguen recibiendo a estos nacionales bajo estrictos protocolos de seguridad y están en constante coordinación con sus colaboradores estadounidenses para el manejo de estos operativos que, según todo indica, seguirán aumentando en el transcurso del año.
Esta situación ha generado alarma en sectores sociales y familiares en la República Dominicana, donde muchos ven con preocupación el regreso forzoso de miles de ciudadanos, algunos con antecedentes penales, que enfrentan un panorama incierto al reintegrarse a la vida en su país natal.
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