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EEUU limita la visa al mandatario cubano Díaz-Canel

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Junto a Díaz-Canel, se impusieron restricciones de visado al ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y al titular del Interior, Lázaro Álvarez Casas.

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En su cuenta de X, antes Twitter, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó sobre las limitaciones de visado para Díaz-Canel y otros altos cargos de la isla, dejando claro que eran un recordatorio del llamado 11J. El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes que imponía restricciones de visa para entrar a ese país al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y a varios dirigentes de la isla, precisamente al cumplirse cuatro años de las peores protestas en décadas en la isla, las cuales fueron ampliamente resaltadas por Washington. En su cuenta de X, antes Twitter, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó sobre las restricciones de visado para Díaz-Canel y otros funcionarios de alto rango en la isla haciendo explicito que eran un recuerdo por el llamado 11J. Las manifestaciones — que en su momento carecieron de liderazgo por parte de algún grupo opositor — ocurrieron el 11 y 12 de julio de 2021, evidenciando la profundidad de la crisis económica — que aún padece — la población de Cuba, con apagones, escasez, colas e inflación. “Estados Unidos seguirá defendiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo cubano y dejará claro que ningún régimen ilegítimo ni dictatorial es bienvenido en nuestro hemisferio”, expresó el comunicado. Poco después, la subdirectora de la Dirección de Estados Unidos de la Cancillería cubana y negociadora del gobierno de la isla con Washington, Johana Tablada, reaccionó contundentemente a la medida. Calificó de “ruin” y “defensor del genocidio, las cárceles y deportaciones masivas” al secretario estadounidense Marco Rubio en su cuenta de X, y dijo que con la sanción “al presidente honrado @DiazCanelB que lucha incansable por su país, crece el respeto del pueblo que no se rinde”. Junto a Díaz-Canel, se impusieron restricciones de visado al ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y al titular del Interior, Lázaro Álvarez Casas. Las protestas, muy inusuales hasta entonces en la nación caribeña, se produjeron en La Habana y varias ciudades del país, principalmente debido a los apagones, aunque algunas personas gritaron consignas antigubernamentales. Un hombre murió y algunas de las marchas terminaron en actos vandálicos. Grupos afines al gobierno y a la revolución salieron a su vez a apoyar a las autoridades. La reacción represiva fue criticada por organizaciones internacionales; mientras agrupaciones de derechos humanos reportaron más de 1,000 detenciones, aunque no hubo cifras oficiales. Por su parte, el gobierno cubano señaló entonces que estaba bajo el asedio de una campaña mediática de Estados Unidos y grupos de interés de Florida, en el marco de las sanciones de Washington, que han sido endurecidas y que llevan más de seis décadas, presionando por un cambio de modelo político en la isla. En 2022, la Fiscalía General de la República indicó que había 790 personas investigadas y procesadas en ocasión de esas protestas por delitos que van desde el desorden o sabotaje, al vandalismo o atentados. Manifestaciones menores o muy focalizadas se produjeron en los años siguientes. A finales de 2024, organizaciones como Justicia 11J — cuyo nombre alude a las manifestaciones — indicaron que había 554 ciudadanos cumpliendo condenas por los incidentes, pero en enero se dio un proceso de libertad condicional para algunos de ellos gracias a un pedido del fallecido papa Francisco. El comunicado del Departamento de Estado indicó además que se actualizó una “Lista de Lugares Restringidos de Cuba”, para incluir 11 propiedades, a los que no pueden entrar los ciudadanos estadounidenses que lleguen en alguna de las pocas categorías de permisos que quedan vigentes para ellos — como por ejemplo estudiantiles o culturales — para visitar la nación caribeña. Entre los lugares incorporados está un nuevo hotel de 42 plantas, lo que generó polémica por la inversión que ocasionó al gobierno cubano. En 2019, durante su primer mandato, el presidente Donald Trump ya había restringido visas para los dirigentes de la isla, incluyendo al líder histórico Raúl Castro, sus hijos e hijas.

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