El colectivo propone al CES una política migratoria viable con proyección a dos décadas

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Santo Domingo. – El Colectivo Migración y Derechos Humanos presentó esta semana una propuesta estratégica para que República Dominicana implemente una política migratoria de Estado con miras al año 2045. Los documentos se expusieron a través de mesas de trabajo simultáneas en el marco del Diálogo Nacional convocado por el Consejo Económico y Social (CES).”Conscientes de los desafíos estructurales que afronta la República Dominicana, hemos elaborado propuestas basadas en un enfoque participativo, intersectorial y en línea con los principios constitucionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sugiriendo dejar atrás enfoques coyunturales y reacciones de corto plazo frente a los flujos migratorios, y en su lugar, apostar por una política estructurada que permita gestionar con responsabilidad los desafíos demográficos, económicos, sociales y humanitarios que impactan al país en el contexto regional.” precisan en el comunicado oficial dirigido al Presidente de la República.Lea también: CES concluye Diálogo sobre Crisis HaitianaEn la iniciativa, que se fundamenta en los principios de derechos humanos y no discriminación, se enfatiza que toda persona migrante debe tener garantizado el acceso a servicios esenciales como salud, educación, justicia, identidad legal y protección, independientemente de su estatus migratorio. Para ello, se plantea la necesidad de adoptar políticas públicas inclusivas y campañas de sensibilización que contrarresten la discriminación, la criminalización y la xenofobia, tanto en las instituciones como en la sociedad.Asimismo, resaltan que una política migratoria eficaz debe estar sustentada en evidencia confiable. Para lograrlo, proponen reforzar el sistema nacional de información migratoria y asegurar su interoperabilidad entre las instituciones competentes, especialmente la Dirección General de Migración; y en este marco, recomiendan dinamizar el Consejo Nacional de Migración, que por ley tiene la responsabilidad de coordinar las políticas en la materia, y aprovechar el conocimiento técnico y las capacidades acumuladas del Instituto Nacional de Migración, entidad que ha generado valiosas investigaciones, propuestas normativas y procesos de formación que pueden nutrir el diseño de una política migratoria moderna.En lo referente a las relaciones internacionales, se apunta a la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad y la cooperación con países de origen, tránsito y destino, con miras a una gestión ordenada de los flujos y una protección efectiva de las personas migrantes. En ese sentido, se alienta a que el país participe activamente en plataformas multilaterales como el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Naciones Unidas, buscando construir alianzas que aborden las causas profundas de la migración forzada.Desde el plano institucional, el Colectivo plantea la urgencia de fortalecer las capacidades del Estado dominicano para liderar la política migratoria de forma técnica, coherente y con legitimidad social. Para ello, sugieren consolidar una autoridad nacional con capacidad de articular a las distintas instituciones públicas y que se capacite al personal clave, incluyendo funcionarios de Migración, Salud, Educación, Justicia y cuerpos de seguridad, en atención intercultural, gestión humanitaria y derechos humanos, para construir una política migratoria sostenible que garantice una gestión ordenada, segura y regular de los flujos.En ese sentido, el documento recomienda establecer mecanismos de regularización viables y periódicos, especialmente en sectores económicos donde la participación de migrantes es estructural, como la agricultura, la construcción y los servicios de cuidado. Además, se hace un llamado a modernizar los controles fronterizos con tecnología y personal capacitado, pero siempre bajo principios de legalidad, debido proceso y respeto a la dignidad humana.”En la intersección entre migración y desarrollo, el Colectivo propone que la política migratoria se articule con los planes nacionales de desarrollo territorial, económico y social. Esto implica que las personas migrantes que laboren contribuyan a la seguridad social y se les provea acceso a servicios públicos básicos, y que se reconozcan sus contribuciones al desarrollo local y nacional”, precisan.Finalmente, el documento subraya que ninguna política migratoria será legítima ni sostenible si no se construye con participación social e intersectorial, de ahí su recomendación de crear mecanismos permanentes de consulta con organizaciones de la sociedad civil, sector privado, gobiernos locales, organismos internacionales y, de forma activa, con las comunidades migrantes y de acogida, que posibiliten con esto la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas que les afectan, no como gesto simbólico, sino una condición para su efectividad y justicia.Con esta propuesta, el Colectivo Migración y Derechos Humanos busca contribuir al Diálogo Nacional promovido por el CES con una visión clara: sentar las bases de una política migratoria de Estado, moderna, coherente y humanista, para lo cual llaman al liderazgo nacional a instaurar un proceso histórico, con voluntad política y compromiso institucional. “No se trata solo de gestionar flujos, sino de definir el tipo de sociedad que queremos construir: una República Dominicana más justa, inclusiva y con gobernabilidad democrática que reconoce los retos del fenómeno de migración pero los enfrenta sin renunciar a los principios y valores constitucionales del país.”, concluye el documento.