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WASHINGTON (AP) — El servicio de urgencias del Martin General en Williamston, Carolina del Norte, no admite pacientes, simbolizando el efecto secundario de los recortes proyectados al programa de Medicaid. Este hospital, clausurado junto a otros once en el estado en las últimas dos décadas, refleja cómo los cambios en la política sanitaria pueden dañar la atención en áreas rurales.
Los especialistas en salud y sistemas hospitalarios previenen que el impacto del paquete legislativo del presidente Donald Trump, que recortaría 1 billón de dólares de Medicaid, podría agravar la situación. Thomas Tillis, senador republicano originario de Carolina del Norte, expuso su preocupación al asegurar que tales recortes privarán de fondos cruciales a los beneficiarios de Medicaid y afectarán negativamente al sistema de salud estatal.
Tillis, quien se opuso al proyecto de ley, declaró que los republicanos arriesgaban no solo su reputación en el tema de salud, sino también la salud de cientos de miles de estadounidenses al priorizar el gasto fiscal sobre el bienestar de sus ciudadanos. Su disposición a desafiar a sus colegas se da en un momento en que la expansión de Medicaid en Carolina del Norte, iniciada en diciembre, empieza a beneficiar a más de 673.000 personas.
El Martin General, que cerró en agosto de 2023, atendía a más de 20.000 habitantes, quedando ahora el hospital más cercano a 30 minutos en automóvil. El exgobernador Roy Cooper criticó la demora en la expansión de Medicaid, señalando que una intervención más temprana podría haber evitado el cierre del hospital.
La amenaza de recortes al presupuesto de Medicaid genera inquietud entre los funcionarios estatales, quienes temen que se puedan poner en riesgo los fondos destinados a hospitales rurales esenciales para la atención médica. Jay Ludlam, responsable de Medicaid en Carolina del Norte, enfatizó que estos fondos son esenciales para mantener operativos los servicios de salud en comunidades vulnerables.
Más de 200 hospitales han cerrado en todo el país o han interrumpido los servicios de urgencias en dos décadas, con campañas de cierre particularmente intensas en estados que no han expandido Medicaid. Tennessee, por ejemplo, ha visto desaparecer 500 camas desde 2014, lo que resalta la crisis que enfrenta el sector hospitalario en áreas donde la cobertura está limitada.
Recientemente, se advirtió que más de 300 hospitales corren el riesgo de cierre si se implementan los recortes propuestos por el proyecto de ley republicano, lo cual podría provocar una ola de dificultades financieras que afecte la capacidad de estos hospitales para operar. Expertos advirtieron que los recortes al Medicaid podrían obligar a los hospitales a reducir servicios o cerrar por completo, mientras la comunidad sigue esperando atención.
En medio de este escenario, la política y la salud pública se entrelazan, revelando la urgencia de una solución que aborde estas deficiencias críticas. El debate continúa mientras los estadistas enfrentan la responsabilidad de actuar en favor de la salud de su gente.
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