Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
BALTIMORE – Tras cinco meses de su segunda presidencia, Donald Trump inicia una nueva etapa de gobernanza tecnológica imperial, donde los entes reguladores (nacionales e internacionales) estarán sometidos a una administración estadounidense cada vez más controlada por las megatecnológicas.
Silicon Valley ha cultivado su influencia política mediante agresivas campañas de presión y estratégicas designaciones presidenciales. Ahora, a pesar del rechazo de la industria tecnológica a los aranceles y a las prioridades políticas de Trump, sus esfuerzos empiezan a dar frutos, ya que el liderazgo republicano se dedica a obstaculizar la regulación de la industria tecnológica, no solo en el Congreso (donde nunca hubo chances de progreso legislativo), sino también a nivel estatal y en el resto del mundo.
Como parte del proyecto de ley presupuestaria “grande y hermosa” de Trump, los legisladores están considerando imponer una prohibición por 10 años que impediría a los estados regular la inteligencia artificial. Esta propuesta socavaría los intentos de exigir transparencia a los sistemas de IA, proteger a los consumidores de la fijación algorítmica de precios y establecer límites a la vigilancia en los puestos de trabajo. Aunque es poco probable que sobreviva las reglas de procedimiento del Senado, el senador republicano Ted Cruz se ha comprometido a insistir en la búsqueda de una prohibición similar en el futuro.
La industria tecnológica lleva tiempo apelando al principio de “prelación” federal para evitar que los estados aprueben leyes problemáticas. Este principio también encaja a la perfección con el intento republicano de centralizar en la Casa Blanca la autoridad para la regulación de la IA. Quizás por eso el debate sobre la propuesta de prohibición se ha enfocado más en consideraciones geopolíticas que en los derechos de los estados.
Por ejemplo, en una audiencia en el Congreso, los legisladores y los expertos convirtieron lo que debía ser un diálogo sobre el papel de las legislaturas estatales en Sacramento y Denver, en largas diatribas contra el exceso de regulación en Bruselas y el autoritarismo en Beijing. El argumento es que, si se acaba aprobando una amalgama de leyes sobre IA a nivel estatal, a las empresas estadounidenses les costará innovar y competir con China.
Durante la audiencia, los portavoces de la industria citaron en varias ocasiones normativas emblemáticas de la Unión Europea como el RGPD y la Ley de IA, y argumentaron que el exceso de regulación dificultó el surgimiento de empresas tecnológicas europeas de primer nivel. El mensaje fue claro: para derrotar a China, Estados Unidos no debe convertirse en otra Bruselas.
Pero ¿cuánto de Bruselas sigue siendo Bruselas? Mucho antes de cualquier debate sobre la prelación y la IA, la administración Trump ya estaba presionando a la UE para que suavizara su legislación en materia tecnológica (por ejemplo, la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales). En febrero, ante una sala llena de líderes mundiales y de la UE en una cumbre sobre IA en París, el vicepresidente J. D. Vance denunció las “onerosas normas internacionales” aplicadas a las empresas estadounidenses. En la misma cumbre, el presidente francés Emmanuel Macron manifestó su deseo de que las leyes de la UE sobre tecnología se “simplificasen” y se “resincronizasen con el resto del mundo”.
Hay señales de que la estrategia está funcionando. El reciente Plan de Acción “Continente de IA” de la UE refleja una postura regulatoria más flexible, y las autoridades fiscalizadoras han empezado a reducir las multas impuestas a las empresas tecnológicas estadounidenses. Al mismo tiempo, esas mismas empresas estadounidenses no han dejado de presionar a la Comisión Europea para que las normas sobre IA sean “lo más sencillas posible”. La regulación de las tecnológicas también sigue siendo un punto de conflicto en la política comercial de Trump. En mayo, amenazó con imponer aranceles del 50% a los productos importados desde la UE, mientras las negociaciones sobre impuestos digitales y regulación de las tecnológicas seguían estancadas.
Los políticos estadounidenses suelen presentar el “efecto Bruselas” a modo de advertencia, basándose en la desacreditada idea de que la UE, obsesionada con fijar normas mundiales de facto, se excedió y terminó saboteando su propio sector tecnológico. Pero ahora asistimos a la aparición de un “efecto Washington”: una contracción de la gobernanza de la tecnología a todos los niveles (local, estatal y multinacional) cuyo objetivo es fortalecer la supremacía de las empresas estadounidenses y concentrar el poder regulatorio en la rama ejecutiva del gobierno federal de los Estados Unidos.
En la búsqueda del dominio tecnológico global, el expresidente Joe Biden (firme defensor del orden mundial liberal liderado por Estados Unidos) trabajó con aliados del país para coordinar “redes de seguridad para la IA” y reconfigurar líneas clave de la producción de hardware utilizado en la tecnología. En cambio (como observó el historiador Jake Werner), Trump “concibe la economía como un mercado en el que quienes tienen poder de negociación se aprovechan de quienes no lo tienen, y no como una cadena de suministro en la que se acumula poder en los nodos estratégicos asociados a bienes o tecnologías escasas”.
Con su decisión de abandonar las restricciones de Biden a la exportación de semiconductores, la administración Trump ha demostrado que no considera necesario usar el acceso a unidades de procesamiento gráfico (GPU) avanzadas como arma para obligar a otros países a negociar; tampoco muestra mucho interés en la coordinación multilateral. En una declaración sobre el reciente anuncio de aranceles a la UE, Trump se expresó con su habitual brusquedad: “No estoy negociando un acuerdo. El acuerdo lo hemos fijado nosotros”.
La misma lógica está en acción en la política interna estadounidense. Atrás quedaron las reuniones en las que Biden convocaba a legisladores de los estados para tratar asuntos de importancia nacional. En su lugar, los republicanos quieren convertir la Casa Blanca en centro de control de toda la política de IA, aunque eso implique prohibir a los estados la creación de mecanismos de protección contra prácticas abusivas.
Estas medidas son complementarias: mientras los funcionarios federales presionan a los gobiernos extranjeros para que se muestren indulgentes con las empresas estadounidenses, el Congreso intenta impedir cualquier supervisión a nivel estatal. En resumen, se busca que Washington sea el único lugar donde se puedan tomar decisiones.
Lo irónico es que, incluso en una época de retroceso regulatorio, la autoridad federal tendrá poder para influir en la trayectoria futura de la tecnología estadounidense. “Ganar la carrera de la IA”, un objetivo vago y en gran medida indefinible, no dependerá solamente de la inversión privada, sino también del poder del gobierno estadounidense y de la coerción política. Si las perspectivas de colaboración multilateral ya eran escasas, el efecto Washington las reduce aún más.
Mucho dependerá de la respuesta de China. En cualquier caso, excepto para quienes puedan obtener un beneficio directo de la carrera armamentística tecnológica, el panorama es sombrío: mientras se intensifica la retórica nacionalista, los intereses de las empresas tecnológicas dominantes pesan cada vez más que la idea de un sistema de innovación al servicio del bien público.
Estados Unidos suele presentarse como el principal defensor mundial de la democracia y la innovación. Pero su estrategia para lograr la primacía en IA depende de un abuso de poder imperial y de la expansión descontrolada de las atribuciones del ejecutivo. La administración Trump no está favoreciendo a los estados republicanos en detrimento de los demócratas ni cooperando con los aliados europeos para vencer a China. Por el contrario, está tratando de despojar de poder tanto a las autoridades estatales como a los socios extranjeros, y priorizando la conducta depredadora por encima de la gobernanza efectiva.
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