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Aparentemente, los indicios sugieren que la situación deficitaria de las empresas distribuidoras de electricidad no se debe principalmente, como se podría pensar, a quienes evaden la facturación mediante fraudes y conexiones ilegales, con gran incidencia en barrios marginales. El sistema, con sus consumos formales y autorizados de una u otra forma, se ve muy perjudicado para resarcirse financieramente. El propio consejo que dirige a las EDES ha comunicado que, de los 158 municipios y acueductos provinciales, solo cinco cumplen sus obligaciones como usuarios, restando considerables ingresos a la intermediación energética; una grave distorsión institucionalizada que debe ser reconocida, revelando desgloses para precisar los orígenes de las pérdidas que el Gobierno se causa a sí mismo y a la economía nacional por proteccionismo excesivo y debilidades operativas, debido a las insuficiencias e ineficiencias del servicio, un verdadero problema fundamental. El énfasis usado por el presidente del Consejo Unificado, Celso Marranzini, para referirse a lo que ocurre, lo dice todo: “El Estado no puede llegar a acuerdos con todo el mundo y hacer borrón y cuenta nueva ni ser una vaca lechera, sino hacer cumplir las leyes”. Su declaración acompañó el anuncio de que se buscará un mecanismo para cobrar la electricidad que ilumina calles directamente a la ejecución presupuestaria de los cabildos. Hay que admitir que los ayuntamientos se mantienen bajo fuertes impedimentos para crear y aumentar arbitrios o aplicar mayores tasas a los ciudadanos y lo que por ley les corresponde de las recaudaciones nacionales les llega después de que el gobierno central retiene un alto porcentaje, restándoles apoyo.
Es hora de revisar con racionalidad y atención a las prioridades nacionales el régimen de incentivos que permite pagar la energía por debajo de su costo real a grandes intereses privados, incluyendo algunos que alegan fines sociales que no podrían justificarse por completo. Excepciones y privilegios que restan equidad al suministro en perjuicio del resto de los clientes regulados que pagan honestamente el fluido eléctrico, lo cual, en muchos casos, resulta una carga pesada para una parte de la sociedad.
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