Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
— Bruselas alerta a España: la prórroga de Aznar en las concesiones de la AP-9 y AP-66 incumplió la normativa europea
El Gobierno de Asturias ha valorado este jueves de forma “muy positiva” el dictamen de la Comisión Europea sobre la prórroga del peaje del Huerna, donde “se considera que el Ejecutivo central infringió la normativa de contratación pública de la Unión Europea”, y ha vuelto a pedir la eliminación definitiva del cobro en la principal vía hacia León y el resto del país.
El organismo comunitario ha comunicado que continúa con el procedimiento de infracción contra el Estado español por la prórroga hasta 2050 de la concesión de la autopista AP-66 sin licitación pública, al estimar que esta medida vulneró la legislación europea, según ha explicado el Ejecutivo asturiano.
El Principado ha indicado, mediante un comunicado, que esta decisión refleja las “serias dudas sobre la legalidad de una medida que ha perjudicado gravemente a la comunidad y que fue adoptada de forma unilateral por un gobierno del Partido Popular”.
El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha calificado de “demoledor” el dictamen de la Comisión Europea, dado que expone hechos “de la máxima gravedad”.
Además, ha instado al PP a “asumir la responsabilidad de las decisiones que en su momento tomó su gobierno, aparentemente vulnerando la legislación comunitaria, y provocando un severo perjuicio a Asturias”.
Calvo también ha expresado la disposición del Gobierno de Asturias “a adherirse a cuantos procedimientos puedan derivarse del dictamen europeo”, con el fin de lograr la eliminación definitiva del peaje del Huerna, una “demanda histórica” de la ciudadanía.
El Ejecutivo se ha comprometido, también, a poner a disposición de las instituciones comunitarias “toda la información técnica pertinente para contribuir a la resolución del caso”.
La Comisión Europea dio este jueves un ultimátum a España, avisándole de llevarla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no modifica las concesiones de los peajes de las autopistas AP-9 y AP-66, porque a su parecer son contrarias a las normas europeas de licitación pública.
España extendió las concesiones a la AP-9 (Galicia) y a la AP-66 (que conecta Asturias y León) por 25 y 29 años respectivamente y luego vendió las concesionarias sin haber abierto un proceso de licitación ni haberlo publicado en el Diario Oficial de la UE, como exige la directiva sobre contratos públicos.
Bruselas considera que, según esa normativa y los principios de igualdad de trato y transparencia, “estas ampliaciones constituyen modificaciones sustanciales que equivalen a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren un procedimiento de licitación competitivo”, según se comunicó.
Agregar Comentario