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Ayer, el Senado de la República sancionó y aprobó por unanimidad, en primera lectura, el proyecto de ley que reforma y actualiza el Código Penal, como parte de las reformas propuestas por el presidente de la República, Luis Abinader, para este periodo.
En la sesión ordinaria de ayer, el presidente de la comisión bicameral encargada del estudio del Código Penal, Santiago Zorrilla, presentó un informe favorable a la iniciativa que, durante más de 20 años, fue objeto de falta de consenso para su adecuación.
Según el informe favorable de la comisión, las modificaciones realizadas al código responden a la necesidad de abordar la complejidad y evolución del crimen contemporáneo, dado que el código actual data de 1844.
Entre las novedades del nuevo código, se fortalece la lucha contra la impunidad corporativa al reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y se refuerzan los delitos contra el Estado y la administración pública.
Asimismo, entre los nuevos tipos penales que incluye el código penal aprobado, se encuentran el genocidio, feminicidio, hostigamiento o “bullying”, actividad sexual no consentida, daños con sustancias químicas, sicariato, torturas o actos de barbarie, y sobrevaluación de servicios, productos u obras contratadas, entre otros.
Respecto al tema del aborto, uno de los más delicados del proyecto, se establecieron penas de dos a tres años de prisión menor para quienes, mediante brebajes, alimentos o medicamentos, causen la interrupción del embarazo, así como para la mujer que acceda a usar sustancias con ese fin. La misma pena se aplicará a profesionales de la salud que, desde su profesión, provoquen un aborto.
En el caso de que el responsable de causar el aborto también cause la muerte de la mujer, la pena será de cuatro a diez años de prisión mayor. Mientras que quienes causen el aborto en contra de la voluntad de la mujer serán sancionados con diez a veinte años de prisión mayor.
Mientras tanto, en el hemiciclo se debatía la aprobación de las modificaciones al Código, y en las afueras del Congreso, varios grupos activistas protestaban contra la penalización del aborto y los derechos de la comunidad LGBTQ+.
En la protesta, la presidenta del partido Frente Amplio, María Teresa Cabrera, calificó el Código Penal como una pieza “efectiva para desconocer los derechos de las mujeres y los niños, así como garantizar la impunidad”.
Asimismo, reclamó al presidente Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno (PRM) haberse comprometido con las mujeres durante la campaña, garantizando la inclusión de las tres causales para establecer las excepciones en las que un embarazo puede interrumpirse sin que la mujer sea penalmente perseguida.
En el mismo sentido, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras rechazó el proyecto, considerándolo un retroceso alarmante disfrazado de modernidad. Durante la concentración, manifestaron que el Código representa una amenaza directa a los derechos fundamentales, especialmente de las mujeres y las poblaciones más vulnerables, como la LGBTQ+, al eliminar la orientación sexual como causal de discriminación.
Advirtieron que, de aprobarse el Código tal como está, será uno de los mayores fracasos legislativos.
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