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El proyecto de modificación a la Ley General de Gestión Integral y Co-procesamiento de Residuos Sólidos 225-20, fomenta la creación de un monopolio, ya que una sola empresa a nivel municipal sería la encargada de recolectar los desechos, señaló ayer la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored), al sumarse a la petición del sector empresarial de que no se apruebe la modificación sin una nueva revisión.
Además, indicaron que de RD$8,000 millones que se pretenden recaudar, casi RD$4,000 millones se destinarían al aumento de las tarifas para las empresas recolectoras, lo que representa un problema de sostenibilidad financiera.
“Es decir, más del 75 % de los recursos quedarían comprometidos desde el inicio, sin considerar el aumento en el volumen de residuos a tratar”, explicó Christy Luciano, presidenta de Ecored.
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Añadió que la ley aprobada por los legisladores debilita pilares de la economía circular, abre la puerta a monopolios funcionales y establece contribuciones tributarias sin estudios financieros.
“Entre los puntos más críticos está un esquema de contribución basado exclusivamente en los ingresos brutos, sin considerar la cantidad de residuos generados ni los esfuerzos de valorización, lo que penaliza injustamente a las mipymes”, dijo.
Sobre esto, la presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), Aguie Lendor, dijo que el monto a pagar debe ser mayor para quien más ensucia.
“Que el monto esté relacionado con la cantidad de desechos que genera, porque eso es lo que nos va a llevar a reducir la cantidad de desechos”, agregó.
Indicó que, de establecerse un monto, debe ser por monto neto, no por ingresos.
La representante del sector hotelero también añadió que el tema del sargazo y su disposición final debería formar parte del proyecto de modificación.
Dijo que esperaban que en la Ley de residuos fuera considerada la recogida del sargazo como un residuo de manejo especial, ya que, aunque se trata de un residuo orgánico, requiere un manejo especial para su recolección y disposición final.
Varios representantes del sector empresarial han solicitado al Poder Ejecutivo que se revise el proyecto y se consideren muchos de los puntos sugeridos.
El proyecto, según Ecored, también limita la posibilidad de que empresas privadas valoren directamente los residuos, contraviniendo los principios de eficiencia y simbiosis industrial.
“Además, persisten vacíos técnicos en torno a estaciones de transferencia y no exige licitación pública para la asignación de contratos clave”, señalan.
Otro punto importante para los empresarios del sector turístico es que a las empresas turísticas se les exigen planes de sostenibilidad, muchas de las cuales ya poseen certificaciones de sostenibilidad.
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