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La magistrada programó la audiencia para las 2:00 de la tarde, con el objetivo de dar tiempo a los abogados de los acusados para alistar su defensa y gestionar el presupuesto necesario.
La jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, postergó para este lunes el conocimiento de la medida de coerción contra diez personas involucradas en una estructura de corrupción administrativa integrada por militares y civiles.
La magistrada fijó la audiencia para las 2:00 de la tarde, con la finalidad de dar oportunidad a los abogados de los imputados para preparar su defensa y conseguir el presupuesto requerido.
Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), junto al director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró estar listos para conocer la solicitud de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo.
Ortiz especificó que el escrito de medida de coerción consta de 450 páginas, además de decenas de pruebas testimoniales, documentales y materiales.
El grupo está acusado de utilizar la distribución de sobornos para obtener la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre los imputados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, todos del Ejército. También se incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, así como al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal. El Ministerio Público ha solicitado que el caso sea declarado complejo.
Según la acusación, los militares y civiles implicados violaron la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 340-06). Las acciones fraudulentas perjudicaron a instituciones que atienden necesidades de poblaciones vulnerables, como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), o servicios básicos y estratégicos para el desarrollo social y económico, como las empresas distribuidoras de electricidad.
Además del Inaipi, los imputados afectaron al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las empresas distribuidoras de electricidad del Norte (EdeNorte), del Este (EdeEste) y del Sur (EdeSur).
La investigación del Ministerio Público se originó a partir de una denuncia enviada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
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