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En tiempos de cambios constantes y creciente complejidad jurídica, marcados por la veloz transformación tecnológica y social a nivel global, las Administraciones Públicas están llamadas a prepararse para el futuro, previendo las medidas necesarias para afrontar posibles riesgos o escenarios legales emergentes. Por ello, este artículo abordará si el Legal Foresight — o previsión jurídica — , entendido como un enfoque innovador que permite anticipar efectos legales futuros y adaptar los marcos normativos con una visión proactiva, puede aplicarse en el ámbito de la Administración Pública.
Conforme a Cambridge University Press, el forsight o prospectiva consiste en aplicar principios de previsión para anticipar desafíos y oportunidades futuras en la toma de decisiones. En el contexto del Derecho y las políticas públicas, la prospectiva implica analizar tendencias, identificar posibles desafíos y oportunidades, y desarrollar estrategias para abordarlos. El objetivo del foresight es permitir que los responsables de la formulación de políticas y los profesionales del Derecho tomen decisiones informadas que tengan en cuenta posibles desarrollos futuros.
El Legal Foresight es un enfoque que aplica el pensamiento prospectivo al campo jurídico, con el objetivo de anticipar y preparar los marcos normativos e institucionales frente a posibles escenarios futuros. Su propósito es fortalecer la capacidad del Derecho para adaptarse a cambios sociales, tecnológicos, ambientales o económicos, reduciendo la incertidumbre y promoviendo decisiones más coherentes, sostenibles y legítimas a largo plazo.
En la mayoría de los casos de la Administración Pública, el Legal Forsight no se presenta como una categoría o término independiente sino como parte de enfoques más amplios como la prospectiva estratégica o gobernanza anticipatoria. Esto se debe a que el origen del Legal Forsight estuvo vinculado a la práctica privada, específicamente en firmas de abogados orientadas a prevenir riesgos legales en beneficio de sus clientes. No obstante, debido a las bondades de esta tendencia legal, es oportuno estudiar su utilidad en el marco del sector público y cómo su implementación contribuye a garantizar la gobernanza anticipatoria, el derecho a la buena administración y el principio constitucional de tutela administrativa efectiva.
Dado que el Foresight – o prospectiva – nos ayuda a reducir la incertidumbre, algunos autores la definen en forma simple como “la gestión de la incertidumbre de los escenarios futuros que posiblemente vivamos”. En consecuencia, el “Foresight” constituye un proceso sistemático de reflexión y construcción de una visión del futuro entre un grupo de actores del desarrollo. Este proceso se distingue de los estudios del futuro, la prospectiva tradicional, y otros enfoques de largo plazo, como por ejemplo la planificación estratégica, puesto que asume que el futuro no está predeterminado pero que puede ser creado o modelado.
A tal efecto, analistas y académicos han propuesto el Legal Foresight como una herramienta para pensar en futuros alternativos, enfrentar disrupciones, incertidumbres y riesgos jurídicos y contribuir a la protección de los objetivos de las políticas públicas a largo plazo.
Por consiguiente, su implementación fortalece la institucionalidad, la capacidad preventiva y promueve la eficacia en las actuaciones de las Administraciones Públicas, lo cual se traduce en una concretización del derecho a la buena administración y en un óptimo cumplimiento del principio de tutela administrativa efectiva. Si bien estos últimos principios han estado tradicionalmente vinculados a la garantía de los derechos fundamentales de las personas en el marco de un procedimiento administrativo, no menos cierto es que a raíz de la constante evolución del Derecho, tales principios constitucionales deben ser aplicados desde una óptica holística que permita su vinculación con innovaciones legales como el Legal Foresight.
En ese sentido, tanto el derecho a la buena administración como el principio de tutela administrativa efectiva no resultan ajenos a estas transformaciones. Por el contrario, su plena realización exige que las decisiones y políticas públicas adoptadas por las Administraciones Públicas se inscriban dentro de un marco de actuación proactivo y preventivo, antes que en una lógica reactiva o improvisada.
La Constitución dominicana regula en el artículo 69 la “tutela judicial efectiva y el debido proceso” consagrando un conjunto de garantías que no se limitan al ámbito jurisdiccional, sino que también son aplicables al procedimiento administrativo. Igualmente, el artículo 138 de la Constitución dispone que son principios de la Administración Pública los siguientes: eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad, coordinación, con sometimiento al ordenamiento jurídico del Estado.
Sumado a lo anterior, el artículo 3 de la Ley Núm.107-13, sobre los Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo regula los principios de actuación administrativa. Si se presta especial atención al principio de eficacia, puede colegirse que el espíritu de este principio guarda estrecha relación con el Legal Forsight. Esto se justifica porque la finalidad del principio de eficacia es que la Administración procure el logro de sus objetivos con la mayor diligencia en el marco del ordenamiento jurídico, lo cual también se alcanza cuando las Administraciones Públicas previenen riesgos jurídicos que pudieran afectar el adecuado cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales.
A su vez, el principio de eficacia se alinea con el principio de “funcionamiento planificado y evaluación del desempeño y de los resultados” que dispone el artículo 12, numeral 5, de la Ley Núm.247-12 de Administración Pública. Este principio consagra que “el funcionamiento de los entes y órganos que conforman la Administración Pública se sujetará a las políticas, estrategias, metas y objetivos que se establezcan en los respectivos planes estratégicos u operativos y a los convenios de gestión. Igualmente, comprenderá el seguimiento de las actividades, así como la evaluación y control del desempeño institucional y de los resultados alcanzados.”
En aplicación de los citados principios, es necesario que el ordenamiento jurídico sea capaz de anticipar los desafíos que plantean las nuevas realidades legales y tecnológicas. Por lo que, “aquí es donde el Legal Foresight aporta un valor esencial, mediante la identificación de tendencias, la construcción de escenarios futuros y el análisis de riesgos emergentes, lo cual permite diseñar políticas normativas capaces de prevenir vacíos legales, reducir la incertidumbre jurídica y garantizar que los derechos de los/las ciudadanos/as sigan siendo protegidos en contextos cambiantes.”
Resulta oportuno destacar que la aplicación del Legal Foresight en las Administraciones Públicas también se vincula directamente con la gobernanza anticipatoria, que ha sido definido como un principio de gestión pública del siglo XXI, que contribuye a elevar la calidad de la Administración del Estado, disminuir la incertidumbre, generar mejores políticas y prepararse frente a amenazas estratégicas y existenciales, locales y globales. De manera que, las decisiones se adoptan no solo de metodologías de evaluación retrospectiva, sino también de métodos prospectivos (es decir, de Foresight).
Tal y como señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la integración estratégica del uso de futuros por parte de las instituciones públicas, particularmente en los contextos de formulación e implementación de políticas públicas, permite repensar estas capacidades necesarias, así como generar una reingeniería en la gobernanza democrática, permitiendo responder de manera colaborativa e innovadora a los desafíos actuales. La integración de la gobernanza anticipatoria en el proceso de toma de decisiones en instituciones públicas puede conllevar beneficios como:
i) Anticipación de desafíos: permite identificar y anticipar posibles desafíos futuros, lo que brinda la oportunidad de adoptar medidas preventivas.
ii) Mejora de la toma de decisiones: facilita la toma de decisiones informadas y estratégicas, basadas en escenarios futuros y análisis prospectivos.
iii) Adaptación a los cambios: ayuda a las instituciones a adaptarse de manera más efectiva a los cambios del entorno político, social, económico y tecnológico.
iv) Promoción de la innovación: fomenta la innovación y la creatividad en la formulación de legislación y/o de políticas públicas, lo que permite la exploración de nuevas ideas y enfoques.
v) Fortalecimiento de la gobernanza: contribuye a fortalecer la gobernanza anticipatoria, y así promueve una gestión más eficiente y efectiva de los asuntos públicos.
vi) Ampliación de la participación y la confianza: la adopción de enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios basados en la inteligencia colectiva favorece la participación de múltiples y diversos actores sociales, lo que contribuye a fortalecer las relaciones de confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas.
Como se puede observar, incorporar prácticas de gobernanza anticipatoria en el centro del trabajo de las instituciones democráticas no es una opción, sino una necesidad. Las instituciones fuertes y capaces de brindar respuestas a la ciudadanía deben estar preparadas para enfrentar desafíos y para promover futuros más prósperos, inclusivos y sostenibles para todas las personas.
De conformidad con lo analizado, la gobernanza anticipatoria, enmarcada en la aplicación del Legal Foresight, resulta de favorable para la Administración Pública. Para ello, los responsables de la toma de decisiones y las partes interesadas deben aprender de las
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