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Miami. — En un video conmemorativo distribuido por la Casa Blanca el 20 de julio, la administración del presidente Donald Trump celebró lo que denominó “seis meses históricos” desde el inicio de su segundo mandato. “Estados Unidos ha renacido por completo”, concluye la cinta.
El festejo contrasta con el ambiente en México. En estos primeros seis meses del segundo mandato de Trump, México ha enfrentado una ofensiva constante que ha puesto a prueba su capacidad de respuesta diplomática, política y económica. “El tono unilateral de Washington y la ausencia de canales de negociación efectivos dejan a México en una posición muy vulnerable; atrapado entre la necesidad de no recibir más golpes económicos y el riesgo de ceder ante una agenda cada vez más agresiva de Trump”, comenta el politólogo Pablo Salas a EL UNIVERSAL. La situación se agrava, ya que Estados Unidos es, por mucho, el principal destino de las ventas desde México, al acaparar el 83.1% del total.
Dos semanas después de llegar al poder, Trump materializó sus promesas. El 1 de febrero firmó órdenes ejecutivas invocando poderes de emergencia económica para imponer un arancel a diversos países, incluido México, con el 25%; y aunque este no se materializó en el caso mexicano, fue el primer aviso de la avalancha que se avecinaba. Trump recurrió a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas) para fijar aranceles inéditos, maniobra controvertida destinada a sancionar adversarios, no a aliados históricos.
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En Washington, algunos observadores describían la nueva estrategia como “terrorismo arancelario”. Trump parecía gobernar desde “Arancelandia”, dispuesto a castigar “todo y por todo”. “En Arancelandia no se castiga para corregir, se castiga para recordar quién manda”, ironizó Salas en su momento.
El 12 de marzo, Washington activó un gravamen del 25% al acero y al aluminio mexicanos bajo la vieja Sección 232 de seguridad nacional estadounidense. “Una acción temeraria porque México y Canadá podrían iniciar mecanismos para romper el T-MEC; pero evidentemente no es algo que vaya a suceder y Trump lo sabe”, dice el economista Iván Jiménez a este diario.
El 30 de mayo Trump anunció que duplicaría los aranceles al acero y aluminio, del 25% a 50%, a partir del 4 de junio. Con el 50% al acero vigente desde esa fecha, México y EU retomaron la mesa de negociaciones. El escenario fue reforzado por el anuncio del 50 % de arancel para el cobre mexicano, un golpe adicional publicado el 9 de julio, que complementa la lógica de reforzar la cadena industrial estadounidense y que entrará en vigor el 1 de agosto.
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El 20 de febrero, Trump firmó una orden ejecutiva que designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, en lo que describió como una respuesta a una “campaña de violencia y terror” que amenaza la seguridad nacional de EU especialmente por la llegada indiscriminada de fentanilo. “Esta medida tiene un altísimo riesgo potencial de que Trump decida actuar contra el narco en territorio mexicano de manera unilateral”, advierte Salas.
En febrero, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza bloqueó el ingreso de ganado y cargamentos de carne mexicanos por la presencia del gusano barrenador. Aunque el Departamento de Agricultura suspendió la medida semanas después, nuevos hallazgos de que avanzaba a la frontera norte de México reactivaron el cierre de forma parcial en julio, afectando a exportadores del norte de México y de Veracruz.
La realidad es que los tiempos de Trump “no dan respiro; ha ido una tras otra acción, golpe tras golpe contra México, en algún momento Sheinbaum tendrá que cambiar su estrategia”, subraya Salas. En marzo llegó otro golpe comercial: la Casa Blanca apuntó contra el sector automotriz, orgullo del T-MEC. El arancel del 25 % sobre vehículos y autopartes importados desde México fue anunciado el 26 de marzo y entró en vigor el 3 de abril, la medida ha sido parcialmente suavizada mediante deducciones y excepciones técnicas. Actualmente, los vehículos ensamblados en México que cumplen con los requisitos del T-MEC, pueden quedar exentos o recibir descuentos proporcionales; pero el arancel del 50% al acero y aluminio mexicanos ha encarecido insumos clave para la producción automotriz.
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Paralelamente, un viejo conflicto resurgió: el litigio por el agua fronteriza. El 10 de abril, Texas acusó a México de atraso en sus obligaciones del Tratado de Aguas de 1944, que regula la entrega de agua del río Bravo. Trump calificó la situación de “robo” y amenazó con represalias inmediatas. “¡Eso se acabó! Me aseguraré de que México no viole nuestros tratados ni dañe a nuestros agricultores texanos (…) seguiremos aumentando las consecuencias, incluyendo aranceles y, tal vez, incluso sanciones, hasta que México respete el tratado”, vociferó.
“Debemos tomar en cuenta que, si bien es cierto que toda esta agresión arancelaria y demás es el estilo trumpiano de negociar lo que le interesa; también es cierto que tiene enfrente temas que no ha logrado controlar como las guerras, por ejemplo, y la inflación; y entonces comienza a hacer cortinas de humo con estos temas que siempre le han redituado”, señala el analista Hernán Molina a este medio. Otro frente comercial cobraba calor: la “guerra del jitomate”. El Departamento de Comercio de EU anunció el final del acuerdo de suspensión de 2019 que había frenado disputas previas y reinstauró una investigación por dumping contra el tomate mexicano. El 14 de julio entró en vigor un arancel antidumping del 17.09% sobre los jitomates mexicanos. “Veremos los resultados en las mesas de las casas [estadounidenses], en las bolsas de los padres de familia”, comenta Salas, recordando que nueve de cada 10 tomates consumidos en EU son mexicanos. El impacto se sentirá también en México, con reducción de exportaciones previstas a EU, lo que puede derivar en pérdidas y despidos en el sector.
En el frente migratorio, Trump reinstauró políticas de mano dura contra la inmigración irregular. Desde febrero, su gobierno intensificó redadas y deportaciones y prometió llegar al récord de un millón de deportaciones anuales con un reforzado Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Y aunque el ICE está aún lejos de llegar a esa cifra, “los agentes de seguridad y soldados estadounidenses han creado un ambiente de terror entre las comunidades latinas especialmente”, dice Salas; “y muchas de las detenciones que se han visto son literalmente terroríficas; al grado de que en California hubo casi dos semanas de enfrentamientos con la sociedad civil”. Ahora, la amenaza alcanza también a los menores migrantes.
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El 4 de julio, Día de la Independencia, Trump firmó la One Big Beautiful Bill, el plan fiscal impulsado por el mandatario que activa un impuesto del 1% a las remesas desde enero de 2026. La ley destina 46 mil 600 millones de dólares para “terminar por completo” el muro fronterizo.
Cuando aún resonaban las críticas por las remesas, Trump volvió a la carga en el terreno comercial. El 12 de julio, tras declarar insatisfactorios los avances en diversas negociaciones, anunció un nuevo arancel del 30% a todas las importaciones mexicanas a partir del 1 de agosto. Trump justificó la medida acusando a México de “no hacer lo suficiente” para frenar la migración indocumentada y el flujo de fentanilo. Ese mismo día declaró que la revisión del T-MEC será “profunda, sin concesiones y sin sentimentalismos”, afirmando que no esperará hasta julio de 2026 (fecha prevista para su revisión) y que empezará una renegociación desde los fundamentos del tratado, con énfasis en endurecer las reglas de origen, imponer trazabilidad digital obligatoria y condicionar beneficios arancelarios a contenido estadounidense.
En medio surgió otro inédito choque bilateral: el de la aviación civil. El Departamento de Transporte de EU acusó formalmente a México de violar el acuerdo de servicios aéreos al restringir vuelos en la saturada Ciudad de México. En respuesta, el 19 de julio la administración Trump anunció medidas contra las aerolíneas mexicanas: todas las compañías de México, de pasajeros o carga, deberán someter con antelación sus horarios de vuelo a aprobación del gobierno estadounidense y las solicitudes de nuevos vuelos podrían ser denegadas si México no revierte sus políticas. Además, se amenazó con retirar la inmunidad antimonopolio al acuerdo de código compartido entre las compañías Delta Air Lines y Aeroméxico, columna vertebral de la conectividad binacional, lo que asestaría un duro golpe a esa alianza estratégica.
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El gobierno de la presidenta Claudia Shienbaum ha optado por la vía de la cabeza fría, pero, ¿cuánto más puede resistir? “La respuesta es: por el momento sí, pero no por mucho tiempo más. México tiene reservas diplomáticas, estabilidad financiera relativa y aliados comerciales que podrían mitigar algunos efectos, como Canadá o la Unión Europea. Pero cada nuevo golpe erosiona más y más la estructura de la relación binacional y en algún momento México tendrá que reaccionar; veremos cómo decide hacerlo”, concluye Jiménez.
A los aranceles se suma otra amenaza: “Falta lo que vaya a suceder cuando el Departamento de Justicia y el de Segurida
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