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A nivel global, el control sobre los jueces forma parte de la estructura constitucional de las autocracias electorales, o sea, regímenes que mezclan autoritarismo con toques democráticos. Desde la teoría clásica, el Poder Judicial era un poder neutro, dedicado solo a custodiar la Constitución; sin embargo, las transiciones democráticas lo han fortalecido, transformándolo en un contrapeso ante las mayorías y un límite para ejecutivos con ansias de acumular poder.
Los nuevos autoritarismos son conscientes de que los jueces pueden frenar sus planes para modificar la correlación de fuerzas en el sistema político. El control de este poder se ejerce de diversas maneras: desde la elección de jueces por voto popular, supuestamente para democratizar la justicia, hasta la designación de personas afines al poder, pasando por la destitución de figuras incómodas.
Pero los liderazgos autocráticos se han sofisticado, y con ellos, sus métodos. A través de mecanismos institucionales, se han creado organismos que sancionan, revisan e incluso cesan a jueces que podrían resultar inconvenientes para el régimen. Ya sea a través de tribunales de disciplina judicial, salas de conducta o comités disciplinarios, el objetivo es el mismo: el control de los jueces y, por ende, la limitación de la independencia judicial. De Latinoamérica a Europa del Este, pasando por Asia, los juzgadores están sometidos a la supervisión de diversos órganos.
El pasado 1 de junio, México celebró sus primeras elecciones judiciales. Entre los cargos a elegir estaba el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de vigilar las sentencias y el comportamiento de los jueces. Es importante resaltar que este órgano tiene sus raíces en autocracias electorales como Polonia, Hungría o Rusia, por mencionar algunas, donde la revisión de sentencias, los criterios y la actuación de los juristas están marcados por la lealtad al partido gobernante, y no por garantizar la independencia judicial.
En Nicaragua, existen la Inspectoría Judicial Disciplinaria y la Comisión Disciplinaria, que se encargan de supervisar el comportamiento de los jueces; sin embargo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desde 2006, se ha dedicado a desmantelar los contrapesos. A finales de 2024, se destituyeron a todos los jueces de la Corte Suprema y en 2025, la Asamblea Nacional eliminó la carrera judicial. Ahora, los cargos son ocupados por personas allegadas al régimen, pero estas instituciones sirven para infundir miedo y sofocar cualquier intento de independencia.
En Europa del Este, los países que formaban parte del bloque socialista pronto abandonaron la democracia liberal y la política fue monopolizada por líderes autoritarios. En Polonia, el entonces presidente, Andrzej Duda, reformó el Poder Judicial en 2017 y creó la Sala de Disciplina Judicial, que nació cooptada por miembros del Partido Ley y Justicia. Con esto, se eliminó el último contrapeso del país.
En la vecina Hungría, Viktor Orbán impulsó una reforma judicial en 2011 con el objetivo de “limpiarla”; destituyó a todos los jueces en funciones y estableció una Sala de Disciplina Judicial, con la que se dedicó a perseguir a los jueces, imponiendo descuentos en sus salarios por resoluciones que contradecían la voluntad del gobierno, sofocando así la división de poderes. Desde 2022, la Unión Europea ha presionado para que el Poder Judicial se consolide y recupere su independencia; sin embargo, Orbán insiste en mantener el control absoluto.
En Turquía, el Consejo de Jueces y Fiscales es el organismo encargado de nombrar y remover a los juzgadores; el ejecutivo designa a seis de sus trece miembros, y el resto es nombrado por el Parlamento, donde Erdogan tiene mayoría. Este consejo se encarga desde 2014 de realizar purgas en el sistema judicial y cesar a los jueces que resultan incómodos. El argumento del líder turco es que buscaba erradicar la corrupción que estaba presente en este poder, para hacerlo más eficiente y adaptarlo a la Turquía del siglo XXI.
Cerca de Turquía está la Rusia de Vladimir Putin, el modelo de la autocracia moderna. Como buen autócrata, el Poder Judicial le pertenece. No obstante, dentro del Tribunal Supremo de la Federación Rusa existe la Sala Disciplinaria, que se ocupa de vigilar el comportamiento de los jueces. Esta sala nació a comienzos del siglo XXI, en 2008, cuando Putin comenzaba a consolidarse en el poder. Putin, como nuevo zar ruso, tiene todo el control del país y de los jueces, evitando así que las sentencias entren en conflicto con su proyecto político.
Putin ha instaurado un régimen autoritario, y muestra de ello es que en 2009, el entonces miembro del Tribunal Supremo, Vladimir Yaroslavtsev, declaró en una entrevista que no había independencia judicial. Durante su desempeño como juez, votaba en contra de la mayoría putinista, pero esto terminaría pronto. En 2010, los demás miembros del Tribunal Supremo lo acusaron de socavar la autoridad de este órgano, lo que lo llevó a renunciar. Así, la incomodidad llegaba a su fin dentro del Poder Judicial.
Por otro lado, en Asia, países como Singapur cuentan con un Tribunal de Servicios Judiciales, que se encarga de la sanción y remoción de jueces. Cabe destacar que este país tiene un régimen de partido hegemónico, es decir, desde su independencia solo un partido ha estado en el poder. Por lo tanto, los jueces que ocupan cargos altos no suelen ser independientes, sino que responden a los incentivos del poder político.
En Asia Central, países como Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán y Turkmenistán poseen Tribunales de Disciplina Judicial, que no son autónomos y sirven para mantener el control sobre los jueces. El desarrollo de estas naciones ha sido poco estudiado. Lo cierto es que, tras la caída de la Unión Soviética, los autócratas se hicieron con el poder, lo que solo generó un cambio de manos, pero nunca se democratizaron ni se construyeron contrapesos.
Existen varios países que cuentan con este tipo de órganos, que no necesariamente supervisan el desempeño de los juzgadores para garantizar la independencia y la eficiencia, sino que actúan como una herramienta que impide la división de poderes. En las líneas anteriores se mencionaron algunos ejemplos de las llamadas autocracias electorales, pero también hay países que prefieren ejercer el control directamente desde el ejecutivo, como es el caso de Venezuela, China, Cuba, Corea del Norte y Vietnam, por mencionar algunos.
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