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Illinois, EE. UU. — La comunidad inmigrante en Illinois ha respondido con honda inquietud ante el envío de misivas firmadas por el Gobierno federal a nombre de menores inmigrantes, instándoles a abandonar Estados Unidos de inmediato y advirtiéndoles de posibles consecuencias legales. Los documentos, atribuidos a acciones de la administración de Donald Trump, han sido calificados por líderes comunitarios como una medida de intimidación, injusta y traumática.
“Es hora de que abandones Estados Unidos”, se lee en la primera línea de una de las cartas enviadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En el texto, las autoridades indican que se ha revocado el permiso de entrada condicional otorgado a los menores y que, si no abandonan el país voluntariamente, serán sujetos a deportación, multas y hasta procesos penales.
La mayoría de los menores que recibieron estas cartas entraron legalmente al país bajo programas humanitarios en 2014, cuando cruzaron la frontera sin acompañantes adultos y posteriormente fueron reunidos con sus familiares en EE. UU., principalmente en el área de Waukegan, Illinois.
Julie Contreras, pastora y directora del santuario United Giving Hope en Waukegan, manifestó que esta situación “es una barbaridad” y representa un ataque sin precedentes contra menores migrantes. “Imaginen lo que pasa por la mente de un niño al recibir una carta de esta índole. Es desolador”, declaró.
Según Contreras, tres menores se han refugiado con familiares en el santuario de la iglesia, mientras que un cuarto fue dejado al cuidado del lugar porque sus padres, indocumentados, temen ser arrestados. “Estados Unidos está perdiendo su humanidad”, afirmó.
Las leyes migratorias vigentes establecen que los menores no acompañados deben recibir protección del Gobierno federal, a través de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR). No obstante, activistas señalan que este sistema se está desmantelando sigilosamente, lo que pone en peligro a miles de niños.
Davina Casas, pastora y representante de la organización Monarquía, en Chicago, denunció que en marzo pasado la administración Trump redujo los fondos para abogados que defienden a menores migrantes. Aunque una orden judicial provisional restableció esos recursos tras una demanda de 11 organizaciones, la situación legal sigue siendo precaria.
“La mayoría de estos niños no pueden ser representados por sus propios padres en tribunales migratorios. Dependen enteramente de abogados que, muchas veces, no tienen los recursos necesarios para asumir sus casos”, explicó Casas.
Según datos del centro TRAC de la Universidad de Syracuse, desde enero, más de 53,000 menores han recibido órdenes de deportación. De ese total, más de 8,300 eran niños de 11 años o menos, incluyendo unos 15,000 menores de 4 años.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos subrayan que muchos de estos menores todavía tienen solicitudes de asilo pendientes o están en proceso de regularizar su situación migratoria, por lo que las cartas podrían estar violando principios básicos de debido proceso.
“Estos niños no son delincuentes. Son víctimas de violencia, pobreza y abandono, y están siendo aterrorizados por el sistema que se supone debe protegerlos”, concluyó Contreras.
La comunidad inmigrante, junto con organizaciones civiles y religiosas, ha solicitado una revisión inmediata de estas prácticas y la plena restauración de los derechos y protecciones para menores no acompañados en Estados Unidos.
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