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Varios expertos estiman que alrededor de dos millones de haitianos, la mayoría sin documentos, viven actualmente en República Dominicana.
Es lamentable que la clase política dominicana, incluyendo los líderes que han gobernado en los últimos años, haya contribuido directamente al crecimiento desmedido de la inmigración haitiana. La laxitud frente a la corrupción fronteriza ha sido una constante, aunque con diferentes intensidades según los gobiernos.
En el pasado, muchos cónsules designados en Haití se centraron en el enriquecimiento personal mediante la emisión indiscriminada de visados y servicios consulares, sin ningún tipo de criterio, control ni escrúpulos. Millones de pesos, que deberían haber ido a la Cuenta Única del Tesoro Nacional, terminaron en manos privadas, administrados de forma discrecional y sin rendir cuentas a ningún organismo estatal.
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Dichos cónsules antepusieron sus intereses personales a los nacionales, ignorando el grave daño y las severas consecuencias económicas y sociales que esta negligencia ha provocado en el país, manifestándose en problemas de salud, empleo, educación, vivienda, seguridad, arrabalización y contaminación ambiental, entre otros.
En el presente, el presidente Luis Abinader participa en un diálogo sin precedentes con los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía, y sectores del Consejo Económico y Social, donde se debaten medidas para abordar la crisis económica, política, social e institucional de Haití.
La inmigración haitiana indocumentada persiste debido a la ola de violencia y acciones sangrientas perpetradas por bandas criminales armadas en Haití. En esas discusiones, los intereses nacionales deben prevalecer sobre cualquier consideración particular o partidista.
Es crucial rechazar las presiones y el chantaje de la comunidad internacional y de ciertos sectores económicos dominicanos, vinculados a la agricultura, la construcción y otras áreas, que abogan por la regularización de miles de nacionales haitianos indocumentados.
Estos sectores argumentan que sin esta mano de obra, la agricultura –especialmente la cosecha de arroz y plátanos– y las construcciones públicas y privadas se paralizarán.
La preferencia de estos sectores por la mano de obra haitiana indocumentada se debe a los bajos salarios que pagan en comparación con los dominicanos. Además, evitan el cumplimiento de prestaciones laborales, el pago de la seguridad social y de impuestos, e ignoran el artículo 135 del Código Laboral, que exige que al menos el 80% de los trabajadores sean dominicanos. En lugar de regularizar a los haitianos indocumentados, lo que debe regularse son los contratos de trabajo. Estos deben ser temporales, para que, una vez finalizados, trabajadores y sus familias sean repatriados. No se debe permitir más indocumentados.
Los empresarios que empleen mano de obra indocumentada deben ser responsables por ella. Deben tener un control de su ubicación y cumplir con responsabilidades legales y económicas, incluyendo el pago de prestaciones laborales, seguridad social, vivienda, salud, partos, alimentación, impuestos, educación de los hijos.
El Estado no debe seguir asumiendo responsabilidades que no le corresponden, malgastando una parte de su presupuesto destinado a cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos dominicanos. Que así sea.
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