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En Haití, sumido en una profunda crisis desde hace años, “nunca se está a salvo de las atrocidades cometidas por las bandas armadas, ningún bien ni símbolo se libra: los lugares de culto son saqueados, los santuarios son profanados y masacrados, el patrimonio histórico y cultural del país es vandalizado, incendiado sin respeto alguno por lo que representa un signo de memoria colectiva, de fe compartida y de identidad nacional”.
“Estas agresiones no solo destruyen bienes materiales u objetos, sino que hieren el corazón vivo de nuestro pueblo, su conciencia moral, su capacidad de esperar”, subrayó la CEH en una carta donde analiza la crisis de seguridad del país y el proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno de transición.
La población haitiana, señalaron los obispos, está “desplazada, humillada, empobrecida, herida en su carne y en su alma”.
Y en medio de esta “situación de caos y de inseguridad, alimentada por tantos discursos”, el Gobierno ha presentado un proyecto para reformar la Constitución en Haití que, “si bien propone varias innovaciones dignas de interés” y “una voluntad clara de modernizar el Estado y de racionalizar la gobernanza pública”, también presenta “importantes lagunas que corren el riesgo de desequilibrar el proceso democrático”, afirmó la CEH.
En ese sentido, exigió “un amplio debate que tenga en cuenta la realidad histórica, cultural y social de nuestro pueblo”.
“La hora no es para precipitaciones que conduzcan a la adopción de una nueva Constitución. Hoy, la prioridad es la seguridad, la paz y la gobernanza para el bien del pueblo”, sostuvo.
La situación haitiana se ha agravado en los últimos años a causa de la violencia extrema de las bandas armadas que controlan alrededor del 90 por ciento de la capital, Puerto Príncipe.
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Según reportó recientemente la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), en los primeros seis meses de 2025 el país sufrió un incremento del 24 % de los “homicidios intencionales”, con un total de 4.026.
Además, el número de desplazados por la violencia de las bandas criminales alcanza ya los 1,3 millones, una cifra que triplica la registrada en 2023 y sextuplica la de 2022, conforme a datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos.
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