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EE.UU. afirma que México y Sudán del Sur podrían estar dispuestos a recibir a Kilmar Ábrego García.
La Justicia estadounidense ordenó este miércoles, en decisiones separadas, la liberación de Kilmar Ábrego García, quien estuvo meses en una prisión en El Salvador tras ser enviado allí “por error”, y prohibió a las autoridades migratorias detenerlo inmediatamente después de su excarcelación.
Ábrego García fue repatriado a EE.UU. en junio pasado, en medio de una lucha en la que el Gobierno de Donald Trump ignoró las órdenes judiciales que le exigían “facilitar” el retorno del migrante.
El salvadoreño, que ha residido por más de diez años en Maryland (EE.UU.) junto a su esposa e hijos, está actualmente detenido en Nashville, Tennessee, a donde el Gobierno lo trasladó para enfrentar cargos por presuntamente transportar a personas indocumentadas dentro de EE.UU.
El juez de distrito en este estado sureño, Waverly Crenshaw, emitió este miércoles la orden solicitando que Ábrego saliera de custodia penal, argumentando que el Ejecutivo no pudo demostrar que representa un “peligro para la comunidad”.
Un tribunal de instancia superior modificó esta decisión y ordenó que la liberación se pospusiera un mes más, a solicitud de los abogados de Ábrego, quienes han expresado preocupación ante el interés del Gobierno de expulsar al migrante de forma rápida de EE.UU.
Paralelamente, en Maryland, estado donde Ábrego residía hasta que las autoridades estadounidenses lo detuvieron y enviaron a la prisión de máxima seguridad CECOT, la jueza federal Paula Xinis emitió otra decisión ordenando al Gobierno trasladar a Ábrego de vuelta a su hogar y dar un aviso de 72 horas si planean deportarlo nuevamente.
En el escrito, Xinis respalda a los abogados de Ábrego y manifiesta que “comparte la inquietud” de que el Gobierno pueda deportarlo “una vez más sin el debido proceso”.
Las autoridades migratorias decidieron enviar a Ábrego a El Salvador en marzo pasado, a pesar de que contaba con un estatus legal que lo protegía de la deportación a su país.
Ábrego García residía en Maryland desde hacía más de una década y huyó de El Salvador debido a las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, según documentos judiciales presentados por su defensa.
Su caso ganó notoriedad entre los opositores al Gobierno de Trump y grupos de defensa de los derechos humanos, convirtiéndose en un ejemplo de los “abusos” por parte de la Administración republicana contra migrantes, en medio de su plan de deportaciones masivas.
En respuesta, el Ejecutivo emprendió una campaña mediática para vincularlo con la pandilla MS-13, aunque no había sido acusado, hasta ese momento, de delitos en Estados Unidos.
El salvadoreño formó parte de los más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, que fueron expulsados de EE.UU. y enviados a la prisión de alta seguridad del CECOT en El Salvador, sin posibilidad de apelar ante un tribunal, en lo que grupos de defensa de los derechos humanos han calificado como “desaparición forzada”.
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