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La República Dominicana enfrenta el reto urgente de transformar su sistema de transporte para avanzar hacia la sostenibilidad ambiental.El sector transporte es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del país, responsable de cerca del 25 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) nacionales, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, y al mismo tiempo una de las fuentes principales de contaminación del aire en las ciudades.
La congestión vehicular en Santo Domingo y otras urbes no solo contribuye al calentamiento global, sino que descarga diariamente humo negro, partículas y gases tóxicos al entorno inmediato, afectando la salud de millones de dominicanos. Ante esta situación, proliferar el uso de vehículos eléctricos se presenta como una posible solución para mitigar estos problemas y ayudar a convertir a la nación en un país más limpio y sostenible.
Manuel González Abud, miembro de la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana (Asomoedo), conversó con periodistas de Listín Diario, donde mencionó sobre los beneficios de hacer la transición de vehículos de combustión a eléctricos, no solo por la economía sino también por el impacto positivo que genera para el entorno medioambiental.
Al señalar los beneficios ambientales de la movilidad eléctrica, indica que estos son desde la más integral: su estructura mecánica. Y es que a diferencia de un motor de gasolina o diésel, un motor eléctrico no emite nada de CO2 ni contaminantes locales durante su uso.
Sumado a eso, datos ofrecidos indican que, en promedio, un automóvil de combustión interna típico emite alrededor de 150 gramos de CO2 por kilómetro recorrido (promedio para la flota dominicana, predominantemente a gasolina), lo que supone unas 2.25 toneladas de CO2 al año, asumiendo 15 mil kilómetros recorridos.
En cambio, un vehículo eléctrico, consumiendo la energía del sistema dominicano, emite indirectamente unas 0.972 toneladas de CO2 al año, esto debido a que las emisiones provienen de la generación eléctrica a cargo de las generadoras que usan fuentes de energía no renovables.
A escala macro, se puede decir que por cada 10,000 vehículos que se transformen de combustión a eléctricos, se evitaría la emisión de unas 12,800 toneladas de CO2 por año (pasando de 22,500 a 9,720 toneladas en ese conjunto).
Además de reducir los gases de efecto invernadero, la movilidad eléctrica puede mejorar la calidad del aire local. “En Santo Domingo tenemos una contaminación altísima, y sobre todo no tenemos ningún tipo de regulación de emisiones”, advierte Manuel González Abud. “Es común ver vehículos antiguos expulsando densas columnas de humo negro al acelerar, sin controles que lo impidan. Ese material particulado y sustancias tóxicas (como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos sin quemar) van directo a los pulmones de la población”, agrega.
Un ejemplo que destaca González Abud es lo que hizo China cuando decidió electrificar masivamente su parque vehicular urbano, logrando que ciudades como Beijing registraran descensos notables en enfermedades respiratorias y costos sanitarios asociados y disipando grandes nubes de contaminación que previamente azotaban a la ciudad capital.
“Es decir, invertir en vehículos eléctricos es también invertir en la salud de la ciudadanía. Un autobús eléctrico en las calles significa un tubo de escape menos arrojando humo en una parada escolar; un motor silencioso significa menos ruido estresante en las avenidas; una flota eléctrica significa hospitales atendiendo menos casos de bronquitis o alergias agravadas por la mala calidad del aire. Son beneficios intangibles pero enormes, que elevan la calidad de vida en las ciudades”, comentó.
Otro aspecto a considerar es la reducción de residuos peligrosos. Manuel explica que los vehículos de combustión requieren cambios periódicos de aceite de motor, líquidos y filtros, generando toneladas de desechos lubricantes y contaminantes que muchas veces terminan vertidos en el medio ambiente. En cambio, los vehículos eléctricos prácticamente eliminan esa fuente de polución: no necesitan aceite de motor ni producen estos residuos, evitando así la contaminación de suelos y aguas por aceites usados.
Los vehículos eléctricos, al tener un tren motriz simple y de pocas piezas, reduce los procesos de mantenimiento, así como los residuos de estos, disminuyendo su huella ecológica no solo en emisiones atmosféricas, sino en desechos industriales asociados al transporte.
Al abordar el factor económico y estratégico, el especialista indica que la transición a vehículos eléctricos contribuye a la seguridad energética de la República Dominicana. “Actualmente, el país debe importar el 100 por ciento del petróleo que consume, gastando sumas cuantiosas de divisas y quedando expuesto a vaivenes geopolíticos de precios. Cada vehículo que deja de consumir gasolina o diesel y empieza a consumir electricidad nacional es un paso hacia menor dependencia del crudo extranjero”, explica.
Cuando se habla de nivel individual, desde Asomoedo señalan que impulsar la movilidad eléctrica beneficia a los usuarios con ahorro económico: un vehículo eléctrico gasta por kilómetro una fracción del costo de uno de combustión: RD$1.5-2.0 por kilómetro contra RD$8-10 en un carro de gasolina y, a la vez, al país en su conjunto con la reducción de emisiones.
Este “círculo virtuoso” menos gasto en combustible, más transporte limpio, le permitiría a República Dominicana estar más cerca de cumplir sus compromisos globales de reducción de carbono e incluso acceder a bonos verdes y financiamiento internacional por iniciativas climáticas, lo que puede ser visto no solo como un gesto ambiental, sino como una estrategia de desarrollo sostenible que puede traer inversiones y mejoras económicas a largo plazo.
Ahora bien, ¿qué tan lejos está el país de esa meta y qué hace falta para lograrla? En la actualidad la penetración de vehículos eléctricos en el parque automotor dominicano es todavía incipiente. Según el Instituto Nacional de Tránsito (Intrant), de los 6.5 millones de vehículos registrados en el país, apenas el 0.03% son eléctricos. Esto equivale a unos 26,000 vehículos eléctricos, de los cuales la mayoría son motocicletas (aprox. 20 mil) y solo unos 6 mil corresponden a automóviles, jeepetas, buses u otros vehículos de cuatro ruedas.
Dicho de otro modo, la electrificación del transporte apenas comienza, a pesar de la Ley 103-13 que dio incentivos iniciales, sin embargo la transición aún es lenta. Asomoedo y otros actores proponen metas ambiciosas: por ejemplo, convertir el 10 por ciento del parque vehicular a eléctrico en el mediano plazo. Eso significaría alrededor de 600,000 vehículos eléctricos circulando.
Para acercarse a ese objetivo, los expertos enfatizaron que se requieren políticas públicas más agresivas de fomento. Una de las propuestas concretas es eliminar por completo los aranceles de importación a los vehículos eléctricos durante algunos años, hasta alcanzar ese 10 por ciento de cuota. Actualmente, la legislación exonera el 50 por ciento de los impuestos de importación.
Sin embargo, desde el sector reclaman que a pesar de pagar solo la mitad del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) al momento de la importación de los vehículos eléctricos, aún el consumidor final debe pagar el 18 por ciento, lo que eleva este tributo a un costo total del 27 por ciento.
González Abud reveló que esta situación se ha conversado incluso con el presidente de la República y se ha expuesto en distintos escenarios, pero aún no se ha concretado una solución para resolver esta realidad.
La asociación indica que eliminar los impuestos de importación temporalmente a los vehículos eléctricos podría equiparar sus precios a los de vehículos tradicionales, haciéndolos mucho más atractivos para los compradores. Esta medida ya ha sido aplicada con éxito en otros países como Costa Rica, que estableció arancel cero para vehículos eléctricos y logró que uno de cada cuatro vehículos nuevos vendidos sea eléctrico.
“República Dominicana tiene ventajas naturales que facilitan la transición: distancias relativamente cortas que mitigan la “ansiedad de autonomía”, una red de más de 500 cargadores públicos ya instalados en todo el territorio, y abundante potencial de energía solar y eólica para respaldar la demanda eléctrica de un transporte masivo electrificado. Aprovechar esas ventajas requiere decisión política y coordinación público-privada”, resaltan.
Más allá de incentivos fiscales, expertos sugieren otras acciones: renovación de flotas oficiales por vehículos eléctricos; estímulos para el transporte público eléctrico; facilidades crediticias o subsidios directos para quién adquiera una unidad; expansión de la infraestructura de carga en parques vehiculares, centros comerciales y estaciones de servicio tradicionales, así como campañas educativas que desmonten mitos y destaquen las ventajas de la electromovilidad.
Precisamente la concientización juega un papel clave: es una tarea de todos -gobierno, sector privado y ciudadanos- conducir al país por la ruta de la electricidad sobre ruedas, rumbo a un futuro más sostenible.
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