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Cuando una institución del prestigio y la envergadura de Amnistía Internacional acusa a nuestro país de violar los derechos humanos de los haitianos repatriados colectivamente, es imperativo prestar atención y decidir examinar los hechos que motivan tales pronunciamientos. Porque no es un cargo ligero el que se nos imputa, ni proviene de una organización sin fundamento, sin renombre y sin eco. A Amnistía Internacional la conocemos muy bien en el país. Su labor de supervisión sobre el respeto a los derechos humanos data de 1961 y cuenta con la participación de 10 millones de voluntarios repartidos en 150 países.
Ahora mismo, por ejemplo, no solo está pendiente del cambio de política migratoria en República Dominicana, sino que ausculta lo que ocurre en Hong Kong, en Sudán, en Venezuela, en Tailandia, en Gaza y en las naciones donde se practica el apartheid. Sus actuaciones se apartan del sentido pragmático empleado en estos países y se centran en el concepto de lo que debería ser.
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Uno de los objetivos primordiales de Amnistía Internacional es ayudar a las personas a que hagan valer sus derechos en todo el mundo.
En el caso específico de República Dominicana, esta organización global acusa al país de implementar una política migratoria racista. Cita el nuevo protocolo para atender en los hospitales públicos a las parturientas haitianas. Su objetivo queda claro cuando no pide boicot ni sanciones de parte de otras entidades y naciones, sino que “el gobierno del presidente Abinader debe poner fin a estas prácticas discriminatorias y defender los derechos de todas las personas”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración deben, por el bien de nuestro país, responder uno a uno los cargos que nos hace Amnistía Internacional y rectificar lo que haya que rectificar.
Las respuestas a las críticas de esa organización no gubernamental y cualquier otro organismo internacional no pueden ser apelar al respeto a una soberanía que nadie ha cuestionado. De manera concreta se está pidiendo respeto a unos derechos humanos que República Dominicana defiende con ardor.
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