Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
El presidente Luis Abinader sancionó la Ley 37-25, que modifica el artículo 4 de la ley 45-32, y establece igualdad de condiciones para que personas jurídicas nacionales y foráneas — sean de carácter público, privado o mixto — puedan participar en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, siempre bajo el marco legal vigente en la República Dominicana.
La ley, que también determina que las empresas extranjeras deberán tener al menos un 15 % de participación accionaria dominicana, podría tener implicaciones importantes para el país, dependiendo de la naturaleza específica del cambio introducido en el artículo 4, explicó Alexi Martínez, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, a periodistas de Hoy Digital.
“En términos generales, cuando se reforman normativas de larga data, como la Ley 45-32, se busca adaptar el marco jurídico a las nuevas realidades económicas, sociales y tecnológicas. Este tipo de ajuste suele afectar áreas clave como la administración tributaria, el comercio, la inversión extranjera o los mecanismos de regulación financiera, lo cual repercute en el clima de negocios y la competitividad del país”, expresó el catedrático.
Indicó que la Ley 45-32 forma parte del entramado legal que regula diversos aspectos de la economía nacional, y “su modificación debe entenderse en el contexto de la Constitución de la República Dominicana, las leyes sectoriales complementarias y los compromisos internacionales del país”.
“Además, cualquier reforma legal debe estar en línea con principios como la transparencia, la seguridad jurídica y la promoción del desarrollo sostenible, en consonancia con estrategias como la Agenda Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, añadió Martínez.
De igual manera, el también administrador de empresas destacó que, en la práctica, la implementación de la Ley 37-25 sobre Hidrocarburos podría afrontar desafíos relacionados con su armonización respecto a normativas preexistentes, la capacidad institucional para aplicarla de manera efectiva y la necesidad de capacitación o adaptación por parte de los involucrados, tanto del sector público como del empresarial y la sociedad civil.
“Asimismo, si la modificación conlleva cambios en procedimientos administrativos o criterios técnicos, será crucial establecer mecanismos de transición, comunicación y monitoreo que garanticen su implementación eficaz y su aceptación social”, señaló el economista.
Continuó: “En resumen, este tipo de reformas legislativas representa oportunidades para fortalecer el Estado de derecho y mejorar el desempeño económico del país, siempre y cuando vayan acompañadas de una adecuada articulación institucional y una visión estratégica de largo plazo”.
Agregar Comentario