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Seamos sensatos, las “tres causales” no pueden seguir siendo un pretexto político para no aprobar el Código Procesal Penal, que lleva más de 25 años estancado, dando vueltas, sin ser aprobado en el Congreso.
Como es de conocimiento público, ya que lo he manifestado en reiteradas ocasiones, soy partidario del aborto porque considero que es la mujer, y no el hombre, quien debe decidir cuántos hijos tener, con quién tenerlos y a qué edad tenerlos.
Si los hombres menstruaran cada mes, quedaran embarazados, si dieran a luz, con cesárea o sin cesárea, el aborto jamás estaría prohibido.
Es una vergüenza que República Dominicana sea uno de los pocos países en el mundo donde la interrupción del embarazo (el aborto) aún está condenada por la ley, situación que no ha impedido que se sigan produciendo, poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres, sobre todo las más vulnerables, aquellas que no disponen de los recursos económicos para costear un buen médico, ni una clínica de calidad.
No obstante, a pesar de los tabúes, los prejuicios, las religiones, la ignorancia y la falta de educación sexual, el nivel de natalidad en el país se ha reducido considerablemente en las últimas décadas gracias a los programas de planificación familiar, la educación y la concienciación de sectores de clase media, principalmente, quienes han optado por tener los hijos que pueden criar y alimentar.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), la tasa de natalidad ha experimentado una disminución notable en las últimas décadas.
En 2022 fue de 18.11 nacimientos por cada 1,000 (mil) habitantes. A pesar de esta disminución, indica la ONE, la tasa de fecundidad (número de hijos por mujer) se mantiene en un nivel de reemplazo, con alrededor de 2.25 hijos por mujer, lo cual asegura la estabilidad de la población.
Reitero, el aborto debe ser un derecho irrenunciable de la mujer, no del hombre.
El Código Penal dominicano nació casi con la República – pocos años después, 1884 – y ha sufrido algunas modificaciones a lo largo de los años.
Desde hace más de 20 años, el proyecto de modificación, actualización y modernización de la pieza legislativa anda dando tumbos en el Congreso, sin ser aprobado pese a su urgencia.
Es un crimen de lesa humanidad femenina obligar a una mujer a tener un hijo producto de una violación, de una relación incestuosa, cuando está en peligro la vida de la madre o cuando un embarazo no es viable.
Se requiere una mentalidad muy retrógrada, recalcitrante, machista o misógina, para pretender obligar a una mujer a parir en tales circunstancias.
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