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Los empleadores sugieren extender de 3 a 6 meses el período de prueba en el trabajo

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Lo demostramos durante la crisis del COVID, en la mesa de precios, y hoy con la propuesta de un código progresista y moderno, junto con la Ley de Residuos Sólidos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

Los representantes del sector empresarial expresaron su esperanza de que se valoren las diversas propuestas acordadas en la mesa tripartita, las cuales fueron excluidas en el proyecto actual de modificación del Código Laboral.

Consideran que el nuevo proceso, a conocerse en la próxima legislatura a partir del 16 de agosto, permitirá aprobar una normativa adaptada a los nuevos esquemas laborales, promoviendo la competitividad.

Según Luis Miura, de la Confederación Dominicana de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas, si se hubieran respetado los consensos del Comité Consultivo del Trabajo, ya se contaría con un Código Laboral.

La situación fue que el Congreso decidió modificar, añadir, alterar y, en realidad, no se respetó lo acordado en el Comité Consultivo del Trabajo tras más de 13 años de diálogo.

Miura resaltó la sorpresa ante esa variación, ya que todo había sido consensuado en el tripartismo, con la participación del gobierno o Estado. Lo presentado, o lo resultante del consenso tripartito, no era necesariamente lo que cada parte deseaba, pero sí lo mejor para desarrollar el aparato productivo, crear empleos y, fundamentalmente, conservar los existentes.

Miura señaló que la normativa propuesta no abordaba temas de costos ni de cesantía. Explicó que se centraba en aspectos procesales, lo que les preocupaba. El interés, indicó, es que el Código se adapte a los nuevos tiempos, las nuevas formas de trabajo, que sea operativo y no genere trabas legales o procedimentales.

Miura mencionó estudios del Ministerio de Trabajo que indicaban una vida útil de cinco a siete meses para un empleado en una empresa, lo que originó múltiples propuestas. Entre ellas, la propuesta de un límite de 10 años para un empleado en una empresa.

La solicitud busca limitar sin afectar los derechos adquiridos de los empleados actuales, ni los nuevos, basándose en estudios.

“Siempre trabajamos con base en estudios, no a ciegas. Ese estudio fue presentado por el propio Ministerio de Trabajo, y de ahí surge nuestra propuesta”, argumentó Miura.

Afirmó que actualmente nadie puede afirmar que el empresariado es el mismo de antes. “Somos proactivos, conscientes y tenemos mayor responsabilidad social. Lo demostramos durante la crisis del COVID, en la mesa de precios, y hoy con la propuesta de un código progresista y moderno, junto con la Ley de Residuos Sólidos. El empresariado de hoy está más comprometido con el desarrollo del país”, manifestó.

Por su parte, Ángelo Viro, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), defendió la necesidad de un acuerdo del sector empresarial para la aprobación de una normativa laboral, algo que no se respetó en el proyecto reciente.

“Entendemos que no hay urgencia para apresurar las cosas de manera que al final no sean positivas para todos”, dijo, al señalar la preocupante informalidad empresarial del 56%. Un Código Laboral bien elaborado y consensuado podría mejorar esta situación”, afirmó.

También solicitan un periodo de prueba de seis meses. El empresario explicó que en tres meses no se puede evaluar completamente la capacidad del trabajador.

En cuanto a la cesantía, los empresarios no buscan eliminarla, sino modificarla, estableciendo un tope, como en otros países de Latinoamérica, sin crear problemas, detalló.

Añadió la importancia de evitar cambios en el Código a nivel procedimental sin discusión.

Como ejemplo, mencionó la eliminación del juez de conciliación en el Senado, una figura clave, así como el aumento de horas extraordinarias trimestrales de 80 a 120, que luego quedaron igual.

Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), expuso que los empresarios no pretenden eliminar la cesantía, sino modificarla.

Explicó que esa modificación impacta a menos del 2% de los empleados de nuevo ingreso, aquellos con salarios de 300 mil pesos mensuales, es decir, empleados de altos ingresos.

Puso como ejemplo un empleado que gana 400 mil pesos, cuya cesantía se calcularía con base en 290 mil pesos.

Con esta modificación, aseguran dar al empleador la seguridad de calcular sus prestaciones y conocer el límite de su pasivo laboral.

Aseguró que no buscan perjudicar ni a la empresa ni al empleado. “El empleado es el activo más importante de una empresa”, afirmó, indicando que las empresas valoran a sus empleados.

Señaló que actualmente los empleados disfrutan de espacios de bienestar, centros de lactancia, cooperativas, y se buscan las mejores condiciones, comprendiendo la importancia de cada trabajador.

El bienestar de los empleados redundará en una mayor competitividad para la empresa, concluyó.

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