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La reciente declaración de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), que condena el uso de hospitales como controles migratorios y rechaza el discurso xenófobo contra los inmigrantes, ha provocado reacciones divididas en el escenario político y social del país.
Durante su 63ª Asamblea Plenaria, los obispos llamaron a las autoridades a aplicar las leyes migratorias con justicia, equidad y respeto a la dignidad humana, especialmente en el contexto de la crisis haitiana.
El mensaje también insta a la comunidad internacional a asumir un rol más activo en el apoyo a Haití.
El exministro Carlos Amarante Baret expresó su total respaldo al mensaje de la Iglesia: “Apoyo sin reservas al mensaje del Episcopado. Rechazar que los hospitales sean controles migratorios y condenar el discurso xenófobo es un acto de valentía. ¡Los ultras no pueden chantajear a nuestra Iglesia!”, escribió en redes sociales.
En contraste, el alto dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo criticó con dureza la postura eclesial: “La Iglesia Católica en República Dominicana está descabezada. ¡Cuánta falta hace el Cardenal López Rodríguez!”, afirmó, cuestionando el liderazgo actual del clero.
Por su parte, el senador Rafael Duluc ofreció una visión conciliadora: “El Estado dominicano, en materia de política migratoria, desempeña un rol de protección de la soberanía, y la Iglesia tiene un rol humanitario, y eso no quiere decir que se estén vulnerando los derechos”.
Mensaje de la Iglesia Católica
“Es inaceptable todo discurso discriminatorio contra el inmigrante. El amor de Dios no conoce fronteras”, afirmaron los obispos, citando además al Papa León XIV: “Nadie puede eximirse de favorecer contextos en los que se tutele la dignidad de cada persona”.
El comunicado también exhorta a la Dirección General de Migración a evitar que los centros de salud se conviertan en puntos de control migratorio, y pide a la comunidad internacional acciones concretas de solidaridad con Haití, más allá de las palabras.
“Estos esfuerzos se ven empañados por las redadas que se realizan contra migrantes irregulares. Y aunque reconocemos el derecho que le asiste a toda nación de aplicar sus leyes migratorias, exhortamos a nuestras autoridades a que su ejecución sea siempre conforme a los principios de justicia, equidad y respeto a la dignidad humana”, agregan los obispos.
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