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Cuatro actores clave del sistema de justicia penal — una jueza, un procurador adjunto, un magistrado de la Suprema Corte y una representante de la Defensa Pública — junto a dos destacados abogados, expusieron sus reflexiones sobre las principales fallas estructurales que aquejan la administración de justicia en República Dominicana.
Lo hicieron en un ‘Panel de Expertos’, organizado por Listín Diario y la Escuela Nacional de la Judicatura.
El espacio sirvió para evidenciar coincidencias en torno a la urgencia de reformas prácticas, una mejor gestión de plazos, mayor inversión en ciencia forense y la necesidad de aplicar correctamente las herramientas que ya contempla el Código Procesal Penal (CPP).
La normativa, que cumplirá 21 años de aplicación, entra en audiencia pública y se sienta en el banquillo de los cuestionamientos.
El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Fran Soto, lo dejó muy claro al comienzo del panel: “La acumulación de causas, la inadecuada gestión de los tiempos procesales, la débil coordinación entre los actores del sistema y la escasa implementación de mecanismos de racionalización procesal generan una sobrecarga estructural que obstaculiza el cumplimiento de los fines esenciales del proceso penal”.
“Resolver los conflictos de manera justa, oportuna y con respeto a los derechos fundamentales son los desafíos que tenemos”, reconoció. “Estas dificultades no son meramente técnicas, se traducen en dilaciones indebidas, decisiones tardías, desgaste institucional y una creciente pérdida de confianza por parte de la ciudadanía”.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, planteó la urgencia de realizar reformas prácticas y destinar una mayor inversión en la justicia penal del país.
Camacho enfatizó en la necesidad de abordar no solo las cuestiones prácticas de cómo se aplica la justicia, sino, también, las reformas cruciales que deben hacerse al marco legal.
Sostuvo que la discusión debe ser dialéctica, al considerar tanto el “cómo” y el “qué” debe modificarse en el sistema.
Camacho citó un ejemplo claro de la desconexión entre la ley y la realidad operativa: el Código Procesal Penal (CPP) establece un plazo de ocho meses para la investigación en casos complejos, con una prórroga máxima de cuatro meses.
Sin embargo, una solicitud de cooperación internacional, como, por ejemplo, obtener información bancaria en Panamá, puede tardar hasta cuatro meses por sí sola.
“Como la voy a hacer en ocho meses porque el código, cuando se le (legisló), no pensó en este nivel de (dificultad)”, señaló Camacho, evidenciando que los plazos no están adaptados a la naturaleza transnacional de muchos delitos modernos.
El procurador adjunto, además, llamó a los actores del sistema de justicia dominicano a buscar puntos de encuentro para lograr una mayor eficiencia procesal.
“No puede ser que no haya dos o tres temas en los que, sin afectar el rol de cada quien, no podamos ponernos de acuerdo”, expresó, destacando que es posible consensuar, por ejemplo, que los procesos se conozcan en un tiempo razonable, sin que eso condicione su desenlace.
Camacho también defendió la necesidad de fomentar una cultura de acuerdos en todos los niveles del sistema judicial, desde los casos más simples hasta los más complejos.
Sin embargo, advirtió que esta política no puede recaer únicamente sobre el Ministerio Público o en la relación con los jueces, ya que requiere una sinergia interinstitucional y la participación activa de todas las partes involucradas.
Ante esto, señaló una traba estructural: la falta de incentivos para que los abogados del ejercicio privado opten por los acuerdos.
“Muchas veces el abogado dominicano no ha aprendido a cobrar acuerdos”, afirmó, al tiempo que explicó que esta situación hace que se prefiera el litigio a la negociación, lo que frena el avance de una justicia más ágil y resolutiva.
La subdirectora técnica de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Croniz Bonilla, sostuvo que más que cambiar normas legales en el Código Procesal Penal, lo que ha faltado ha sido “investigación, voluntad y transparencia” en el sistema.
Bonilla cuestionó las profundas fallas del sistema de justicia penal al asegurar que el problema no radica en la falta de leyes, sino en la falta de voluntad y responsabilidad compartida entre los distintos actores del sistema.
“¿Cómo nos dividimos la cuota de responsabilidad? La responsabilidad es de todos. Nosotros somos parte del Estado”, dijo Bonilla.
La abogada lamentó que se intente atribuir la crisis del sistema a un solo sector: “Es muy fácil decir: la responsabilidad es de los jueces, del Ministerio Público, o de los académicos. No, no es así, es de todos”, aseguró.
A pesar de que República Dominicana cuenta desde hace casi 21 años con un Código Procesal Penal garantista, Bonilla expresó que todavía existen deficiencias en la operatividad del sistema.
“¿A mí me ha faltado elemento para en un litigio yo defender el respeto de los derechos humanos? ¿Me falta norma? No, no me falta norma”, afirmó.
En respuesta a ese planteamiento, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, replicó: “Pero a mí sí me faltan normas para acusar”.
Bonilla le respondió de inmediato: “Desde mi papel de defensa, de abogada, a mí no me falta norma. Lo que me falta es la voluntad de que los actores del sistema entiendan que esto no se trata de acusar o defender, sino de reconocer que todos somos parte del conjunto”.
Criticó, además, la sobrecarga del sistema y a la escasez de defensores públicos, especialmente en jurisdicciones con alta demanda.
La jueza y presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Gisselle Méndez, advirtió sobre el desafío de la implementación actual del Código Proceso Penal, y destacó que el problema no reside en el diseño del instrumento legal, sino en cómo ha sido aplicado durante los últimos 21 años.
La magistrada consideró que el CPP fue concebido para romper con una cultura de expedientes estancados y plazos incumplidos, buscando garantizar una gestión efectiva del proceso penal que respetara las garantías mínimas del ciudadano y ofreciera una respuesta oportuna a las víctimas.
Méndez señaló que, si bien el CPP ofrece la posibilidad de acuerdos y plazos máximos, la realidad operativa dista de lo ideal y que el sistema actual no está aprovechando plenamente las herramientas que el código ya contempla.
La jueza cuestionó: “¿Con qué herramientas disponemos para gestionar efectivamente esa necesidad que tiene el poder judicial y el sistema judicial de dar respuesta a esos usuarios en el caso de un imputado o una víctima?”.
Destacó que un problema fundamental es la distribución de la carga de trabajo, ya que algunas demarcaciones judiciales enfrentan una sobrecarga mayúscula, mientras otras, con el mismo número de jueces, tienen una carga significativamente menor.
“Esta disparidad afecta la calidad y el tiempo de respuesta judicial, puesto que un juez que gestiona cientos de procesos no puede ofrecer la misma atención que uno con una carga mucho menor”, argumentó la jueza.
El juez de la SCJ, Juan Soto Sánchez, consideró que una de las principales prioridades del Poder Judicial es reducir los plazos procesales para que los procesos duren la menor cantidad posible en los tribunales.
Soto informó que la Suprema Corte de Justicia creó una mesa de trabajo con ese fin, la cual está conformada, además, por el Ministerio Público y la Defensa Pública.
El magistrado aspira a que se puedan reducir esos plazos y que se continúe con el proceso de digitalización, para que sea cien por ciento digital, como ya ocurre en las salas del alto tribunal judicial del país.
Destacó que el proceso de digitalización se aceleró con la pandemia de la COVID-19, pero que ya estaba contemplado en el plan estratégico a cinco años de la Suprema Corte.
Soto reiteró la importancia de tener una justicia cien por ciento digital, ya que los procesos judiciales en línea ayudarán a reducir el tiempo de duración de los casos.
Además, aspiran a alcanzar un 80 por ciento de acuerdos en los tribunales.
El abogado y profesor universitario Ramón Emilio Núñez advirtió sobre las debilidades estructurales del sistema de investigación criminal en República Dominicana y cuestionó la falta de claridad en la separación de funciones entre policías y fiscales.
Núñez recordó que la Ley Orgánica 133-11 del Ministerio Público contempló la creación de un cuerpo técnico de investigación policial adscrito al Ministerio Público, pero la medida fue resistida por sectores de la Policía Nacional.
“El resultado hoy es que seguimos con un déficit en ese aspecto. Nadie lo quiere decir, porque parecería como que vivimos en un mundo ideal donde el tema policial y de seguridad está totalmente controlado, pero lo cierto es que el trabajo de investigación policial no satisface los estándares del sistema de justicia”, sostuvo.
El jurista, además, alertó sobre el fenómeno que ha definido como la “policialización” de los fiscales, al señalar que algunos fiscales se ven forzados a portar armas o asumir funciones que no les corresponden.
“Aquí tiene que haber fiscales que sean fiscales y policías que sean policías. Esto no es para que los fiscales jueguen a policías, porque si lo hacen es porque no hay policías o no hay policías disponibles”, criticó.
El abogado especialista en derecho penal, Francisco Álvarez, criticó la superficialidad de las reformas judiciales desde 2002, especialmente en la era digital, donde la tecnología potencia el delito transnacional y la República Dominicana enfrenta “zonas francas delictivas” que afectan a Europa.
Álvarez sostuvo que la práctica de
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