Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Participación Ciudadana solicitó ayer al Ministerio Público que investigue a los congresistas y ex congresistas que no han presentado su declaración jurada de patrimonio, tal como lo exige la ley 311-14.
La entidad de la sociedad civil señala que, según información de la Cámara de Cuentas, 20 diputados y 78 ex legisladores (salientes en 2024) no han cumplido con este requisito.
En la lista figuran: Socorro Monegro (Parlacen), Sergio Moya, Ramón Gori (Parlacen), Rafael Chalas (Parlacen), Namibia Didiez (Parlacen), Melvin Lara, Juana Castillo, José Rodríguez, Jheyson García, Ismael Reyes (Parlacen), Eugeni Cedeño, Eudy de la Cruz, Esmeralda Mancebo, Enmanuel Polanco (Parlacen), Carmen Morel, Carlos Gil, Angel Sánchez y Adelso Rubén Contreras.
Asimismo, figuran pendientes de cumplir con esta obligación 7 ex senadores, entre ellos, Bautista Rojas, David Sosa, Ivan Silva, José del Castillo, Lenin Valdez, Martín Nolasco y Ramón Pimentel.
El listado completo de los legisladores en esta condición se puede verificar en la certificación de la Cámara de Cuentas publicada en el portal institucional.
El régimen de consecuencias para los legisladores que, en lugar de ser ejemplos en el cumplimiento de las leyes, se convierten en transgresores, debería iniciar en sus propios partidos, indica el consejo directivo de Participación Ciudadana.
En su opinión, el Ministerio Público también debería aplicar el artículo 19 de la ley, que dispone: “el Ministerio Público iniciará una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito del funcionario público obligado a hacer la declaración jurada de patrimonio, en caso de haber finalizado el período o haber sido removido del cargo sin cumplir con los requerimientos de esta ley conforme al plazo establecido en la misma.”
De igual manera, los directivos de la organización no partidista esperan que la sociedad recuerde los nombres de los infractores y recaiga sobre ellos la sanción social y electoral que corresponda.
Agregar Comentario