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Estas líneas dan fe de que, desde el pasado 23 de enero, alertamos sobre la imperiosa necesidad de abordar con seriedad y profundidad el tema de las criptomonedas, ante la llegada del nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Era, y sigue siendo, fundamental diseñar un marco regulatorio propio que nos permita encarar este desafío y no quedar al margen de un mercado que ofrece múltiples oportunidades, como la reducción de los costos en el envío de remesas o incluso la posibilidad de evitar el pago del recién aprobado impuesto del 1 %.
Sin embargo, y siendo francos, no imaginamos que la respuesta regulatoria en Estados Unidos, la mayor economía del mundo, sería tan contundente al punto de que en lugar de impulsarnos, corre el riesgo de paralizarnos. Como quien viendo venir una ola que podría surfear, se deja sorprender y termina siendo arrastrado.
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A continuación, algunos de los hechos más relevantes:
El 23 de enero se creó el Presidential Working Group on Digital Asset Markets, con el mandato de desarrollar un marco regulatorio federal en un plazo de 180 días.
Ese mismo mes la SEC anunció la conformación de un nuevo Crypto Task Force, liderado por Hester Peirce, conocida como “Crypto Mom”, con el objetivo de diseñar una regulación más clara y coherente.
En abril Paul S. Atkins fue nominado y confirmado como nuevo presidente de la SEC, con una postura más favorable a los criptoactivos y menos centrada en la persecución de tokens o memecoins.
La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) emitió la Interpretative Letter 1183, autorizando a bancos nacionales y asociaciones federales a custodiar criptomonedas, respaldar stablecoins y operar nodos sin requerir autorización previa. Al mismo tiempo, revocó cartas supervisoras restrictivas emitidas en 2021 y 2022.
La FDIC y la Reserva Federal retiraron varias directrices restrictivas heredadas de administraciones anteriores, eliminando la obligación de notificación anticipada para actividades cripto en bancos y descartando el examen por reputación en la prestación de servicios relacionados.
En marzo, se creó una reserva estratégica federal de bitcoin (Strategic Bitcoin Reserve) con aproximadamente 200,000 BTC incautados, sin recurrir a fondos públicos adicionales.
Acto seguido, se celebró en la Casa Blanca una Crypto Summit con los principales líderes de la industria, en un claro giro hacia una política proactiva en materia cripto.
Finalmente, el pasado 18 de julio, se promulgó la Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (GENIUS Act), marcando un hito regulatorio. La ley establece estándares rigurosos para las stablecoins: define quién puede emitirlas, qué procedimientos aplicar en caso de quiebra, establece medidas contra el lavado de dinero y busca fomentar la adopción institucional, protegiendo al mismo tiempo al consumidor. En la ceremonia de firma, el presidente Donald Trump afirmó que esta ley representa una validación contundente de su esfuerzo y liderazgo pionero, y que “es buena para el dólar y buena para el país”. A esta velocidad, la regulación estadounidense parece habernos pasado por delante, como un tren en marcha al que ahora nos costará el doble alcanzar.
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