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La diputada de Peravia busca que su provincia obtenga parte de los beneficios derivados de los valiosos recursos medioambientales, manejados por empresas privadas y el Gobierno. Para lograrlo, Carmen Leida Escarfuller presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley que establece un Sistema de Compensación Económica y Medioambiental (SCEM).
En principio, es una aspiración justa que generaría importantes recursos para el beneficio de todos los municipios y habitantes de la próspera provincia sureña.
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Es muy probable que la legisladora Escarfuller haya notado que los habitantes de su provincia solo ven los beneficios de los gestores de los proyectos, sin recibir beneficio alguno, salvo algunas donaciones y algunos empleos.
Pero, a decir verdad, el tema es más amplio y de mayor alcance, abarcando todo el territorio nacional. Los cabildos comenzaron a empobrecerse desde 1967, cuando el Gobierno de entonces centralizó las recaudaciones territoriales. El Poder Ejecutivo impulsó una ley que dejó a los ayuntamientos sin ingresos, porque todos pasaron a ser gestionados y distribuidos por el gobierno central.
En la administración del entonces presidente Hipólito Mejía se intentó reparar parcialmente ese gran daño, y por ley se asignó el 10% de los ingresos internos para ser distribuidos entre los ayuntamientos, según su población. Pero el Poder Ejecutivo nunca ha cumplido esta ley. Fue el clásico “hacer como que sí” y no dar.
Las consecuencias de este fracaso han sido muchas, pero se resumen en la muerte de los ayuntamientos y el aumento de la dependencia del Poder Ejecutivo, casi siempre caprichoso y parcializado.
Las provincias, todas, deben luchar para que se creen leyes que les permitan disfrutar de las riquezas generadas en sus territorios. Cuando llegue ese día, y debe llegar, el progreso.
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