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Austin (EE.UU.).- La determinación del Congreso estadounidense de suprimir la financiación gubernamental ya asignada a los dos principales medios públicos del país, la Radio Nacional Pública (NPR) y el Servicio Público de Radiodifusión (PBS), representará un golpe “devastador” para las emisoras y canales de televisión locales, particularmente aquellos que sirven a comunidades pequeñas y rurales.
La medida se incluye en un conjunto de recortes de aproximadamente 9.000 millones de dólares a la ayuda exterior y la comunicación pública, impulsado por la Administración del presidente Donald Trump y aprobado en la madrugada de este viernes por la Cámara Baja, de mayoría republicana.
Específicamente, se retiran más de 1.000 millones de dólares en fondos federales a la Cooperación de Radiodifusión Pública (CPB, por sus siglas en inglés), encargada de financiar a NPR y PBS.
La CBP es responsable de subvencionar a más de 1.500 estaciones de radio y televisión afiliadas a NPR y PBS en todo el territorio nacional.
De estas, las que sentirán un mayor impacto por la falta de financiación e incluso podrían verse forzadas a cerrar en ciertos casos son las cadenas que se encuentran en localidades con poca población, zonas rurales y comunidades indígenas, según indicó la consejera delegada de CBP, Patricia Harrison, en un comunicado.
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“Los padres tendrán acceso a menos recursos educativos de calidad para sus hijos. Millones de estadounidenses dispondrán de menos información confiable sobre sus comunidades, sus estados, el país y el mundo, lo que dificultará que tomen decisiones informadas sobre su calidad de vida”, declaró.
Según un análisis de la firma Public Media Company, citado por el diario The New York Times, más de 100 estaciones pequeñas se verán obligadas a cerrar cuando los recortes entren en vigor.
A su vez, la escasez de fondos también obligará a las estaciones locales a adquirir menos programación producida por las cadenas NPR y PBS nacionales, lo que reducirá aún más el presupuesto con el que operan.
Si bien la financiación federal representa “solo el 1 % de los ingresos de NPR, las cuotas de las emisoras afiliadas constituyen un 30 %”, según publicó la radio pública en mayo.
La presidenta de PBS, Paula Kerger, manifestó en un comunicado que la decisión del Congreso va “en contra de la voluntad de los estadounidenses” y aseguró que tendrá un efecto “devastador” en las radios y televisoras pequeñas.
“Muchas de nuestras estaciones, que ofrecen programación local única y alertas de emergencia de manera gratuita, ahora se verán obligadas a tomar decisiones difíciles en las próximas semanas y meses”, agregó.
Por su parte, la consejera delegada de NPR, Katherine Maher, recordó que “3 de cada 4 estadounidenses dependen de las estaciones de radio públicas para recibir alertas de emergencia y noticias que impactan su seguridad pública”.
Otros gobiernos conservadores en el pasado han intentado congelar con la financiación de NPR y PBS. Recientemente, voces conservadoras como el centro de pensamiento CATO han argumentado que el Estado no debe financiar los medios públicos, asegurando que los servicios de comunicación deben adaptarse y seguir las lógicas capitalistas del mercado.
“No quisiéramos que el gobierno federal publicara un periódico nacional”, declaró David Boaz, de CATO, ante el Congreso en 2005. “Tampoco deberíamos tener una cadena de televisión y una emisora de radio del gobierno”.
No obstante, el argumento de Trump y los legisladores republicanos es ideológico: afirman que tanto PBS como NPR tienen una línea editorial de izquierda “radical”, llegando a calificar su contenido como “propaganda”.
El mandatario también ha acusado de “sesgo izquierdista” a la radiodifusora internacional Voice of America, que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial sirvió como ejemplo de ‘poder blando’ estadounidense en el mundo, y ha ordenado la retirada de fondos federales y su desmantelamiento a mínimos, como parte de sus ataques a instituciones culturales y universidades.
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