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Menores en EE. UU. reciben misivas del Gobierno de Donald Trump cancelando permisos humanitarios y con amenazas de deportación inmediata
En un suceso que ha generado conmoción entre familias, activistas y defensores de los derechos humanos, decenas de menores inmigrantes en Illinois han recibido cartas oficiales del Gobierno de Estados Unidos — firmadas bajo la Administración de Donald Trump — con una amenaza clara: abandonar el país de inmediato o enfrentar consecuencias legales, incluida la deportación.
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Estas misivas, dirigidas directamente a los menores, empiezan con un encabezado escalofriante: “Es hora de que salgas de Estados Unidos”, lo que ha encendido alarmas por el tono intimidante y el mensaje que transmite a niños en situación vulnerable. El documento detalla que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó su permiso de entrada condicional, obtenido bajo un programa humanitario.
La mayoría de los menores afectados ingresaron legalmente al país en 2014 como parte del programa de protección para menores no acompañados, que concede un permiso humanitario temporal mientras se resuelven sus casos. Muchos fueron posteriormente reunidos con padres indocumentados u otros familiares ya radicados en EE. UU. No obstante, por la forma en que ingresaron, no pueden ser representados legalmente por sus padres en tribunales de inmigración, y dependen de abogados defensores, cuyos recursos han disminuido drásticamente.
Las cartas no solo revocan permisos sin previo aviso ni audiencia, sino que además advierten: “Si no sales de Estados Unidos de inmediato, estarás sujeto a posibles medidas policiales que resultarán en tu deportación”, y concluyen de forma inquietante: “No intentes permanecer ilegalmente en Estados Unidos; el Gobierno federal te encontrará”.
Este enfoque ha sido calificado de inhumano por líderes comunitarios y organizaciones civiles. La pastora Julie Contreras, de la iglesia santuario United Giving Hope, con sede en Waukegan (Illinois), fue contundente al afirmar: “Esto es una barbaridad, algo nunca visto o imaginado por todos los que nos dedicamos a la defensa de los indocumentados”.
Contreras relató que varios niños, aterrorizados por la amenaza gubernamental, han buscado refugio en iglesias. En algunos casos, los padres prefirieron dejarlos al cuidado de organizaciones religiosas por temor a ser detenidos. “Estados Unidos está perdiendo su humanidad”, sentenció la pastora.
Según defensores migratorios, como Davina Casas, líder de la organización Monarquía en Chicago, el Gobierno ha comenzado un silencioso desmantelamiento del sistema legal que ampara a estos menores. En marzo, la administración Trump recortó el financiamiento a abogados que representaban a niños no acompañados. Solo una demanda judicial de once organizaciones logró restituir temporalmente esos fondos.
Pero la urgencia persiste. Los números hablan por sí solos:
Estos menores enfrentan procesos judiciales sin representación, muchas veces sin entender el idioma ni el alcance de lo que ocurre. La situación, según los expertos, constituye una grave vulneración de derechos humanos y podría tener consecuencias psicológicas irreversibles para una generación entera.
Contreras lo resume con claridad: “Estos niños no son los criminales que Trump afirmó que el ICE perseguiría. Son víctimas de violaciones de derechos humanos y están siendo aterrorizados”.
La controversia sigue creciendo a medida que organizaciones de derechos humanos, líderes religiosos y familias afectadas exigen que se detenga lo que consideran una práctica cruel, desproporcionada e incompatible con los valores fundamentales de un país que históricamente ha acogido a quienes buscan refugio.
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